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El Ministerio de Seguridad bonaerense avanza con una millonaria contratación directa para adquirir oficinas portátiles, desatando interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y la velocidad de los procesos en un contexto inflacionario.
El Boletín Oficial bonaerense ha revelado una polémica Disposición N° 92-DGAMSGP-2026 que autoriza una Contratación Directa N° 9/26 por la impactante suma de $120.032.000,00 pesos para la adquisición de módulos portátiles de oficina. Estos módulos, según la Dirección Provincial de Arquitectura Policial, están destinados al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La medida, fechada el 31 de marzo de 2026 y publicada el 6 de abril, se ampara en el artículo 18, inciso 1 de la Ley N° 13.981, que permite este tipo de contrataciones bajo ciertas circunstancias. El proceso se gestionará a través de la plataforma Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC), donde se pueden consultar los pliegos y condiciones. El plazo de entrega es de apenas cuarenta (40) días corridos, lo que sugiere una urgencia en la necesidad de estas nuevas instalaciones.
Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad de que la provisión solicitada pueda ser aumentada hasta en un cien por ciento (100 %). Esto significa que la cifra final de la erogación podría duplicarse, alcanzando los $240 millones de pesos. Una cláusula que, sin dudas, genera debate sobre la planificación y el control del gasto público.
Para el ciudadano común, esta disposición es un claro ejemplo de cómo se manejan los fondos públicos en la provincia. La transparencia de las contrataciones directas siempre está bajo la lupa, aunque en este caso se utiliza una plataforma electrónica para la gestión. Los contribuyentes deberían estar atentos a la ejecución de este contrato y a si la inversión realmente se traduce en una mejora tangible para la seguridad o la operatividad policial. Seguir el proceso en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar es clave para futuras actualizaciones.
