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Con la Ley 13.981 como bandera, la provincia de Buenos Aires activa licitaciones multimillonarias. Desde la limpieza de edificios hasta la salud en las cárceles, se perfilan contratos por casi 800 millones de pesos, ¿quiénes serán los ganadores de estos jugosos negocios?
El Boletín Oficial bonaerense se convierte en el epicentro de la actividad contractual del Estado, revelando dos procesos de licitación pública que moverán cientos de millones de pesos y tendrán un impacto directo en servicios esenciales. Ambos procedimientos se enmarcan en la Ley N° 13.981 y su reglamentación, un marco normativo que rige las contrataciones públicas en la provincia.
Por un lado, la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones ha iniciado el trámite para un "SERVICIO DE LIMPIEZA" solicitado por el Sector Intendencia. La cifra es impactante: el justiprecio asciende a $392.472.000,00, y a esto se le suma una reserva idéntica para posibles ampliaciones, modificaciones o imprevistos, totalizando un potencial de casi $800 millones. Este contrato, con imputación presupuestaria para el Ejercicio 2026, es fundamental para el mantenimiento de las dependencias estatales. Las empresas del sector estarán atentas a esta licitación que promete un contrato millonario y de largo aliento.
En paralelo, se determinó que la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria será la unidad orgánica contraparte y administradora de la relación contractual que surja de una licitación en el ámbito de la salud en las cárceles. Aunque no se detalla el monto, la mención de la Ley 13.981 y la existencia de pliegos (PLIEG-2026) indican un proceso de envergadura para un servicio vital importancia para la población carcelaria.
Estas contrataciones no son meros trámites burocráticos. El servicio de limpieza afecta directamente la salubridad y el ambiente de trabajo de miles de empleados públicos. La salud penitenciaria es un pilar fundamental para garantizar las condiciones dignas de detención. La transparencia en estos procesos es clave para asegurar la eficiencia del gasto público y evitar sospechas. Los ciudadanos deben estar atentos a cómo se desarrollan estas licitaciones y quiénes resultan adjudicatarios.
13 de febrero de 2025
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