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Una lluvia de licitaciones privadas sacude el Boletín Oficial, con hospitales de la Provincia de Buenos Aires autorizando compras por más de 1.350 millones de pesos en insumos, equipamiento y servicios médicos esenciales. ¿La salud al rojo vivo o un festival de gastos?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires ha sido testigo de una ráfaga de disposiciones que autorizan licitaciones privadas millonarias para diversos hospitales. En un movimiento coordinado y con fechas de apertura de ofertas concentradas, el Estado bonaerense se prepara para inyectar más de $1.350 millones de pesos en el sistema de salud. Este despliegue de fondos, aunque vital para el funcionamiento hospitalario, no deja de generar interrogantes sobre la eficiencia y transparencia de las contrataciones.
Los hospitales están lanzando la red para adquirir una amplia gama de bienes y servicios cruciales:
Todas estas licitaciones se enmarcan en la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/2019, que regulan las contrataciones del Estado bonaerense. La mayoría de las aperturas de ofertas están fijadas para el 9 de febrero de 2026, lo que implica una movilización masiva de proveedores y una concentración de decisiones en poco tiempo. Varios artículos citan la "urgencia" de estas adquisiciones para el "buen funcionamiento" de los establecimientos, lo que subraya la criticidad de los insumos en el día a día hospitalario.
"La presente tiene carácter de urgente debido a que dicha adquisición es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro establecimiento."
Para el ciudadano común, esto significa que los hospitales de la provincia buscan garantizar la continuidad y calidad de la atención médica. Para las empresas, representa una oportunidad de negocio masiva, aunque con la lupa puesta en la transparencia de estos procesos de "licitación privada" y el riesgo de concentración de proveedores. La posibilidad de ampliar o disminuir los contratos hasta en un 20% e incluso hasta el 100% en algunos casos, según el artículo 7 inciso b) de la Ley 13.981, añade una capa de flexibilidad que podría ser una ventaja en contextos inflacionarios o una puerta a futuras controversias. Estar atentos a los resultados de estas licitaciones será clave para entender hacia dónde se dirige el gasto en salud pública.
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