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Con una inyección de más de 30 mil millones de pesos, la Provincia de Buenos Aires lanza licitaciones clave para construir puentes ferroviarios, pavimentar rutas y pasos bajo nivel, prometiendo transformar la infraestructura y el transporte en el AMBA y el interior. Una prórroga con cambio de condiciones para un paso bajo nivel genera dudas.
La Provincia de Buenos Aires se lanza a un plan de obras faraónico, con licitaciones que superan los 30 mil millones de pesos, buscando modernizar la infraestructura vial y ferroviaria. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Dirección de Vialidad son los cerebros detrás de estas iniciativas que prometen un impacto profundo en la vida de millones de bonaerenses.
La Licitación Pública Internacional N° 1/26 (CAF), con financiamiento de préstamos CAF, busca construir tres puentes ferroviarios sobre el Río Luján en Pilar y Campana. Con un presupuesto oficial que ronda los $12.848 millones, dividido en tres lotes, estas obras son vitales para mejorar la conectividad y seguridad de los ferrocarriles Urquiza, Mitre y Belgrano Norte. Cada lote tiene un plazo de obra de 540 días corridos, lo que significa que el impacto se verá a mediano plazo.
La Dirección de Vialidad no se queda atrás, llamando a Licitación Pública N° 1/2026 para la pavimentación del Camino Secundario 067-01 (Acceso a Berdier) en Salto, con un presupuesto de $5.788.792.244,79. Esto significa mejor acceso y seguridad para los vecinos de la zona. Paralelamente, el Ministerio de Infraestructura busca sanear la Cuenca Defensa en San Miguel con la Licitación Pública N° 9/2026, por $8.480.884.739,26, una obra crucial para prevenir inundaciones.
La Licitación Pública N° 6/2026 para la Construcción de Paso Bajo a Nivel Calle Illia en La Matanza es un caso aparte. Aparece mencionada dos veces en el Boletín Oficial, primero como una "Prórroga" con un anticipo financiero de hasta el quince por ciento (15%) y un presupuesto de $13.850.727.675,67. Sin embargo, en una publicación posterior (con el mismo número de licitación y expediente), el anticipo financiero se reduce drásticamente a cinco por ciento (5%), manteniendo el mismo presupuesto y fecha de apertura. Esta inconsistencia en un monto tan significativo (10% de un presupuesto de casi 14 mil millones es 1.400 millones de pesos menos de anticipo) genera serias dudas sobre la planificación y la transparencia del proceso. ¿Fue una corrección de último momento o un error que se subsanó? Los interesados y la ciudadanía merecen una aclaración sobre este cambio crucial en las condiciones de un proyecto tan ambicioso.
En resumen, estamos ante un aluvión de inversiones públicas que, si bien son necesarias, requieren una fiscalización férrea para asegurar su correcta ejecución y evitar sorpresas desagradables. La provincia se juega mucho en estas obras, desde la calidad de vida de sus habitantes hasta la reactivación económica del sector de la construcción.
