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El Gobierno aprueba el primer gran proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prometiendo una lluvia de dólares y empleos en San Juan. ¿Será el puntapié inicial para una era de oro o el inicio de una nueva controversia?
¡Bomba en el sector minero! El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 6/2026, acaba de dar el visto bueno a la adhesión de MINAS ARGENTINAS SA SUCURSAL DEDICADA RIGI I-NUEVO GUALCAMAYO (MASA-SD) al flamante Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, bautizado como "Carbonatos Profundos (DCP)", promete una inversión descomunal de USD 519.647.635 en la provincia de San Juan, con la mira puesta en la exploración y extracción de oro y plata.
Esta es la primera gran confirmación de los efectos del RIGI, una ley que busca desesperadamente atraer capitales extranjeros y nacionales con un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. MASA-SD, una subsidiaria de Minas Argentinas S.A., se comprometió a una inversión inicial de USD 90.599.950 en los primeros dos años y a utilizar un 69% de proveedores locales, superando con creces el 20% exigido por la normativa.
El proyecto no solo implica la exploración de las concesiones mineras Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, sino también la construcción y operación de una planta de tratamiento. La resolución destaca que la empresa podrá importar mercaderías bajo franquicia y accederá a los incentivos cambiarios previstos en la ley, sin objeciones del Banco Central. Además, cualquier disputa se resolverá bajo el paraguas del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una garantía de "seguridad jurídica" que tanto buscan los grandes inversores.
Para el gobierno, esto es un triunfo: más dólares, más empleo y un espaldarazo a la política de liberalización económica. Sin embargo, para los críticos, el RIGI es una "entrega" de recursos naturales con condiciones demasiado laxas, que podría generar impactos ambientales y sociales sin una contrapartida suficiente para la sociedad. La lupa estará puesta en la fiscalización de la Secretaría de Minería para asegurar el cumplimiento de la ley. ¿Será este el inicio de una nueva fiebre del oro o un espejismo para pocos?
