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Una lluvia de millonarias licitaciones sacude el Boletín Oficial, destinando fondos cruciales para medicamentos, insumos de laboratorio y limpieza en los hospitales de la Provincia de Buenos Aires. ¿Transparencia o burocracia desmedida en la gestión de la salud pública?
El sistema de salud bonaerense se prepara para un masivo desembolso de fondos públicos en el primer trimestre de 2026. Una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial revela la autorización de múltiples licitaciones privadas que, en conjunto, superan los 900 millones de pesos. Estas movidas administrativas, aunque rutinarias, son vitales para la operatividad de los nosocomios y ponen en el ojo de la tormenta la eficiencia y transparencia del gasto estatal.
Los hospitales de la provincia de Buenos Aires están gestionando la adquisición de una amplia gama de insumos y servicios. Desde productos farmacéuticos esenciales (Hospital Diego Paroissien) hasta la restauración de laboratorios (Instituto Biológico Dr. Tomás Perón) y determinaciones químicas (Hospitales Eva Perón, Evita Pueblo y Alejandro Korn). También se incluyen insumos de limpieza para el Hospital Ricardo Gutiérrez. Estas compras son fundamentales para mantener la atención sanitaria y garantizar el funcionamiento diario de centros clave en la región. Incluso la Disposición 29 del Hospital de Open Door, aunque incompleta en su publicación, se suma a esta ola de compras, confirmando la magnitud de estos procesos.
Todas estas licitaciones se enmarcan en la Ley 13.981 de Contrataciones del Estado y su Decreto Reglamentario 59/2019, buscando un marco de legalidad. Es crucial que algunas compras se justifican bajo la emergencia sanitaria por Covid-19, lo que podría permitir flexibilidades. La Provincia se reserva la posibilidad de ampliar o prorrogar los contratos hasta en un 100%, una cláusula que siempre genera debate sobre la planificación y el control del gasto. Para el ciudadano, estas medidas son la garantía de que los hospitales funcionarán, pero la magnitud de los montos exige una fiscalización constante y una transparencia total.
