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El Ministerio de Justicia avanza con su plan de 'racionalización' del Estado, extendiendo un Plan de Retiro Voluntario a empleados de entes cooperadores, siguiendo el camino iniciado con ACARA y buscando optimizar recursos sin costo para el presupuesto nacional.
El Ministerio de Justicia, en su cruzada por la “reorganización y reforma del Estado”, ha lanzado un nuevo Plan de Retiro Voluntario dirigido al personal contratado por diversos entes cooperadores que prestan servicios en su jurisdicción. La Resolución 27/2025 aprueba los términos y condiciones de esta iniciativa, que se suma al exitoso plan implementado previamente con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.), donde ya adhirieron más de DOS MIL (2.000) agentes.
Este nuevo plan se extiende a empleados de la Cámara de Comercio Automotor (C.C.A.), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.), el Colegio de Escribanos de la Capital Federal (C.E.C.F.), y la Cámara Argentina de Reproductores e Industriales de Fonogramas y sus Reproducciones (C.A.P.I.F.), entre otros. La particularidad y el golpe de efecto de esta medida es que no generará erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional, ya que los gastos y el pago de las gratificaciones extraordinarias correrán por cuenta de los fondos emergentes de los propios convenios marco de cooperación técnica y financiera celebrados con estos entes.
La decisión se alinea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que declaró la emergencia pública en varias materias, incluyendo la administrativa. El objetivo es claro: optimizar los recursos disponibles y lograr una gestión pública más transparente, ágil y eficiente. Este proceso de readecuación del personal, bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, busca la extinción de los contratos laborales por mutuo acuerdo, en un claro mensaje de racionalización y achicamiento del gasto público.
