¡Mega-Base de Datos Social! El Gobierno crea un 'Gran Hermano' de beneficiarios de planes sociales.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ha dado un paso gigante que podría cambiar para siempre la gestión de la ayuda social en Argentina. Se creó el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta que busca ser la "única base de datos administrativa que integra, consolida y armoniza los datos de las personas que, en un momento determinado, resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales".

¿Qué implica este "Gran Hermano" social?

El RIB, enmarcado en el ya existente Sistema Integrado de Información Social (SIIS), tiene como objetivo principal identificar a las personas que efectivamente reciben asistencia social, junto con sus características y atributos asociados. La idea es nutrirse de la información oficial de todos los organismos y programas, evitando duplicidades y asegurando la integridad y coherencia de los datos. El Gobierno argumenta que esto "fortalecerá la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interinstitucional de las intervenciones sociales", además de facilitar el seguimiento y la optimización de la inversión social.

¿Impacto en la privacidad y el control?

Si bien la transparencia es un valor deseable, la creación de una base de datos tan exhaustiva no está exenta de controversia. La resolución menciona expresamente que el tratamiento de los datos personales se regirá por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, y que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales deberá "implementar las medidas de seguridad, confidencialidad y resguardo que aseguren la protección integral de los datos y los derechos de sus titulares". Sin embargo, la concentración de tanta información sensible en un solo lugar siempre enciende las alarmas sobre la privacidad individual y el potencial uso de estos datos. ¿Es un avance hacia una gestión social más eficiente o un paso más hacia un control estatal sin precedentes sobre la vida de los ciudadanos que dependen de la asistencia?