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La Provincia y varios municipios lanzan una catarata de licitaciones públicas para obras clave, desde mejoras en acueductos hasta la compra de retroexcavadoras y la remodelación de sucursales bancarias. Cientos de millones de pesos se destinarán a proyectos que prometen mover la aguja de la economía local.
El Boletín Oficial de hoy destapó una verdadera ola de inversiones en infraestructura y servicios públicos que sacudirá a la provincia de Buenos Aires. Con presupuestos que superan los cientos de millones de pesos, diversos organismos y municipios buscan contratar empresas para llevar adelante proyectos de gran envergadura. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que llama a licitación pública por casi $600 millones para la construcción de equipamiento comunitario en Puerta de Hierro, La Matanza, una zona con necesidades urgentes, hasta la Municipalidad de Vicente López que busca reactivos y equipos de laboratorio por la friolera de $4.962 millones en un segundo llamado, se ve una clara intención de inyectar fondos en áreas vitales.
Las licitaciones no se detienen ahí. Almirante Brown destinará $186 millones a la puesta en valor integral de un predio, mientras Coronel Pringles invertirá $207 millones en un polideportivo municipal, buscando mejorar la infraestructura deportiva y social. Lincoln no se queda atrás, con una licitación de $310 millones para adquirir una retroexcavadora 0km, una herramienta esencial para la obra pública municipal. Por su parte, San Vicente tiene dos grandes frentes: un bacheo en Domselaar por $219 millones y el cerramiento de una cancha de fútbol por $200 millones, demostrando un fuerte compromiso con la mejora urbana y deportiva.
El Banco Provincia también moviliza $542 millones para la actualización de su sucursal en Navarro, una cifra impactante para una obra bancaria. Y para garantizar el acceso al agua, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) busca ejecutar una estación de rebombeo en Gral. La Madrid por más de $125 millones, una inversión crítica para la calidad de vida de los bonaerenses. Estas movidas representan una oportunidad de oro para las empresas constructoras y proveedoras de servicios, pero también un desafío para la transparencia en la gestión de fondos públicos.
