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La Provincia de Buenos Aires desembolsa millones extra para una obra clave en Castelli. La redeterminación de precios para el CAPS local desata polémica sobre el costo real de las construcciones estatales y el impacto de la inflación descontrolada. ¿Quién paga la cuenta?
¡BOMBAZO EN EL BOLETÍN OFICIAL! Una resolución provincial acaba de confirmar un impactante ajuste de precios para la construcción del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) en Castelli. La empresa ESPACIO 3 S.A., a cargo de la obra, recibirá una inyección de fondos millonaria, generando un debate candente sobre la gestión de los recursos públicos en tiempos de alta inflación.
El meollo del asunto es la redeterminación de precios de la Licitación Pública Nº 182/2021, en el marco del Decreto N° 290/21. Tras un complejo proceso de revisión, se estableció que la empresa contratista, ESPACIO 3 S.A., percibirá $2.213.045,54 adicionales. Este monto surge de un reconocimiento de $40.040.239,64 por precios redeterminados a valores de abril y agosto de 2023, menos $37.932.577,21 que ya habían sido abonados como ajuste provisorio. Un verdadero baile de millones que pone en jaque las arcas provinciales.
Este movimiento financiero, aunque técnico, tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los bonaerenses. Cada peso extra destinado a una obra pública es un peso que sale de los impuestos. La justificación es la necesidad de mantener la viabilidad de los proyectos ante la escalada inflacionaria, un flagelo que golpea sin piedad a la economía argentina. La resolución detalla que la empresa renuncia a futuros reclamos, lo que podría interpretarse como un intento de "cerrar la cuenta" y evitar litigios mayores, pero la pregunta es: ¿se podría haber evitado este sobrecosto con una mejor planificación o un control más estricto?
"Las partes aceptan los precios redeterminados a valores de abril y agosto de 2023... la Contratista renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza..."
Este caso no es aislado; refleja una constante en la obra pública argentina, donde los contratos iniciales rara vez se mantienen debido a la inestabilidad económica. Mientras el gobierno busca asegurar la finalización de infraestructuras esenciales como este CAPS, el costo real para el Estado sigue inflando las cifras, generando un agujero negro en el presupuesto que los ciudadanos terminan financiando. La Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública y la Dirección Provincial de Arquitectura han estado en el ojo de la tormenta, validando los cálculos que hoy se hacen públicos. Es crucial que la sociedad exija transparencia y eficiencia en cada peso invertido, porque el dinero público no es de goma. ¡A estar atentos a las próximas actualizaciones sobre el gasto provincial!
