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Dos resoluciones clave en el ámbito educativo bonaerense revelan reajustes millonarios en contrataciones de sistemas y prórrogas de servicios. ¿Errores contables o "reacomodos" de fondos públicos que nadie explica?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires nos trae a la luz dos movidas administrativas que, aunque parezcan rutinarias, mueven cifras impactantes en el sector educativo. Por un lado, la Resolución N° 316-SSAYRHDGCYE-2026 rectifica la imputación presupuestaria de una Contratación Directa N° 5/24, destinada a un Sistema de Información y Gestión de la Infraestructura Escolar. La suma en juego, $128.205.312,00, se reasigna a una fuente de financiamiento diferente, sembrando dudas sobre la planificación inicial de un proyecto tan vital para las escuelas bonaerenses. ¿Hubo un error inicial o una necesidad de mover partidas a último momento?
Pero eso no es todo. La Resolución N° 605-SSAYRHDGCYE-2026 va aún más allá. Esta medida rectifica el artículo 6° de una resolución anterior (RESO-2025-5166-GDEBA-SSAYRHDGCYE), que aprobaba la prórroga por 12 meses de una Orden de Compra a favor de la empresa LYME S.A. (CUIT 30-63935839-5). El monto total que se reajusta para los ejercicios 2025 y 2026 asciende a la friolera de $1.075.176.000,00 (distribuido en $627.186.000,00 para 2025 y $447.990.000,00 para 2026). Esto significa que un contrato ya existente con una empresa privada recibe un nuevo golpe de timón en su financiación.
Estas rectificaciones, aunque administrativas, son un recordatorio de la opacidad que a veces rodea el manejo de los fondos públicos. ¿Por qué se necesitan estos ajustes constantes? ¿Indican una falta de previsión o una flexibilidad excesiva en la asignación de recursos? La sociedad espera transparencia, especialmente cuando se trata de miles de millones de pesos destinados a la educación. Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gestiona cada centavo.
