Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires aprobó tres contratos de locación de obra que suman un total de $24.400.000,00, despertando interrogantes sobre la eficiencia del gasto público en el sector.
Una nueva serie de resoluciones sacude al Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, revelando millonarios desembolsos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de tres contratos de locación de obra que, en total, superan los 24 millones de pesos y fueron aprobados en un solo día, el 27 de febrero de 2026.
El primero en la lista es Luis Alberto BATALLAN (DNI 12.589.678), quien percibirá la suma de $7.800.000,00 por su labor. Le sigue Emiliano QUINTEROS (DNI 25.104.268), con un contrato idéntico de $7.800.000,00. Finalmente, Roberto Osvaldo LESCANO (DNI 7.624.672) se lleva la porción más grande, con $8.800.000,00. Estos montos serán imputados al Presupuesto General del Ejercicio 2026.
Las aprobaciones fueron suscritas por el Ministro Juan Martín Mena. En el caso de Batallan y Quinteros, los contratos fueron firmados por el Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Matias Facundo MORENO (DNI N° 24.674.288). Para Lescano, la firma estuvo a cargo de la Subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, Nora Laura CALANDRA (DNI 26.146.941).
Este tipo de contrataciones, si bien son habituales en la administración pública, siempre generan debate. Se trata de locaciones de obra, una modalidad que permite al Estado contratar servicios específicos sin establecer una relación de dependencia permanente. Las resoluciones destacan que se verificó la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades por parte de la Dirección Provincial de Personal, y que Asesoría General de Gobierno, Contaduría General y Fiscalía de Estado intervinieron en el proceso.
Para el ciudadano común, estas cifras representan un gasto significativo de fondos públicos. La transparencia en este tipo de operaciones es crucial para asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente y justificada. Es fundamental que la ciudadanía pueda acceder a los detalles de las obras y servicios prestados por estos contratados, para evaluar el impacto real de esta inversión.
20 de febrero de 2025
16 de enero de 2026
24 de julio de 2025