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Tres resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires aprueban contratos de locación de obra por más de 24 millones de pesos. ¿Transparencia o gasto desmedido en la gestión pública?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a ser noticia, esta vez por una serie de resoluciones que autorizan jugosos contratos de locación de obra. En un solo día, el viernes 27 de febrero de 2026, se firmaron y aprobaron tres acuerdos que, en total, superan los 24 millones de pesos, levantando interrogantes sobre la eficiencia y el destino de los fondos públicos.
Estas contrataciones, aunque rutinarias en la administración pública, llaman la atención por su volumen y por la concentración en un mismo día. Los expedientes mencionados detallan la intervención de diversas áreas para constatar la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades, lo que indica un proceso formal. Sin embargo, la repetición de montos similares y la rapidez en la aprobación de estos gastos generan dudas sobre la necesidad real y la justificación de cada servicio en el contexto actual.
"¿Son estos gastos una prioridad en un presupuesto provincial que siempre parece ajustado?" se preguntan analistas y ciudadanos.
Para el ciudadano común, estas resoluciones representan una porción del presupuesto 2026 (Ley N° 15.557) asignada a gastos de personal externo. Mientras el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argumenta la necesidad de estos servicios para el cumplimiento de sus objetivos, la falta de detalles específicos sobre el objeto de cada locación de obra en el texto publicado en el Boletín Oficial deja un velo de misterio. Es crucial que la administración pública brinde mayor claridad sobre qué tipo de tareas justifican estas erogaciones millonarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
