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El Ministerio de Movilidad e Infraestructura extiende la vigencia de la Resolución N° 219-SECT/25. Sin conocer el contenido original, esta prórroga genera incertidumbre sobre qué política o acción del año pasado continúa impactando en la vida de los porteños.
Otra resolución del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, la N° 64/SECT/26, ha pasado casi desapercibida, pero su título es un llamado a la atención: prorroga una medida dispuesta en la Resolución N° 219-SECT/25. El problema es que, al no adjuntarse ni referenciarse el contenido de la resolución original, el público desconoce qué es lo que se está prorrogando.
Este tipo de movimientos administrativos, aunque legales, restan transparencia a la gestión pública. Una prórroga implica que una política, una regulación, un acuerdo o una acción específica que fue establecida hace un año, ahora continuará en vigor por un tiempo adicional. Si bien es habitual prorrogar medidas que funcionan o requieren más tiempo para su implementación, la falta de información contextual es un obstáculo para la ciudadanía.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué medidas de gobierno se extienden y por qué. ¿Afecta al tránsito? ¿A los costos? ¿A algún permiso en particular? Sin el acceso fácil a la Resolución N° 219-SECT/25, esta prórroga se convierte en un cheque en blanco para una política cuyo impacto actual es desconocido. Es crucial que el gobierno mejore la accesibilidad y el contexto de este tipo de publicaciones para fomentar una verdadera participación ciudadana.
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