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El Gobierno extiende y asigna cargos clave en Migraciones y Gabinete, pero los nombramientos vienen con una polémica excepción: ¡no cumplen los requisitos mínimos! ¿Amiguismo o necesidad urgente?
La burocracia estatal vuelve a ser el centro de la polémica con dos resoluciones recientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros que extienden y asignan funciones a personal que, llamativamente, no reúne los requisitos mínimos para los cargos. Estas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, generan un fuerte debate sobre la transparencia y la meritocracia en la administración pública en un contexto de supuesta desregulación y transformación del Estado.
Por un lado, la Resolución 53/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior prorrogó por 180 días la designación transitoria de la Doctora Eva Denise BIRMAN (DNI: 22.667.375) como Directora de Asuntos Legales de la Dirección Nacional de Migraciones. Lo más impactante es que esta prórroga se autoriza excepcionalmente por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La designación original databa del 8 de mayo de 2024 y ahora se extiende a partir del 30 de enero de 2025. Una clara señal de que, a pesar de las normativas, la flexibilidad (o la discrecionalidad) sigue siendo la regla para ciertos puestos.
En un caso similar, la Resolución 8/2025 de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva asignó con carácter transitorio la función de Director de Infraestructura, Servicios y Patrimonio al señor Ricardo Alberto TORRES (DNI: 18.321.075), a partir del 18 de diciembre de 2024. Este agente, que ya revistaba en planta permanente en un Nivel B, Grado 13, asciende a un Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II. Y la historia se repite: se le otorga una autorización excepcional por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 112 del SINEP. El plazo máximo de esta asignación podrá ser de hasta tres años.
Estas decisiones, aunque parezcan meramente administrativas, golpean la credibilidad del discurso de eficiencia y transparencia. El hecho de que se designen y prorroguen funcionarios clave sin cumplir con los requisitos básicos del sistema de empleo público levanta sospechas. ¿Se prioriza la idoneidad o la lealtad política? Los ciudadanos comunes tienen derecho a exigir que los puestos públicos sean ocupados por quienes cumplen con los perfiles y la experiencia necesarios, no por 'excepciones'. El gasto que demandan estas designaciones se imputará a los presupuestos vigentes de la Dirección Nacional de Migraciones y la Jefatura de Gabinete, respectivamente, es decir, con dinero de todos los contribuyentes.
Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones y el devenir de estas y otras designaciones, se recomienda seguir los comunicados del Boletín Oficial y los informes de organizaciones de monitoreo de la función pública.
