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El Presidente lanza un plan audaz para barrer con la maraña normativa, buscando eliminar leyes y decretos obsoletos que asfixian la economía y la gestión pública. ¡Se viene la limpieza de la jungla legal!
El Ejecutivo nacional ha puesto en marcha un ambicioso plan de desregulación y simplificación que promete sacudir los cimientos de la Administración Pública. A través del Decreto N° 90/2025, se instruye a todas las jurisdicciones y entidades estatales a realizar un exhaustivo relevamiento de su inventario normativo. El objetivo es identificar y proponer la derogación de aquellas normas que resulten obsoletas, innecesarias o que generen cargas administrativas excesivas.
Este decreto, que profundiza la línea iniciada con el DNU N° 70/2023, busca agilizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos que afectan a ciudadanos y empresas, y eliminar regulaciones que generan costos innecesarios o distorsionan el mercado. Entre los criterios para la "motosierra normativa" se destacan las normas que:
En un plazo de TREINTA (30) días corridos desde la entrada en vigencia del decreto, los organismos deberán remitir un informe al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, detallando las normas a derogar o modificar. Esta medida, según el Gobierno, busca una gestión más eficiente de los recursos públicos, mayor claridad en el marco legal y, en última instancia, seguridad jurídica para los ciudadanos, afianzando el principio constitucional de que "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". La iniciativa promete un Estado más ágil y menos intervencionista, pero la implementación será clave para ver si cumple con las expectativas de eficiencia o genera nuevos desafíos.
