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El Ministerio de Justicia acelera la designación de nuevas funcionarias en áreas cruciales como Protección y Asistencia, y la Oficina Anticorrupción. Pese a las restricciones presupuestarias, se cubren cargos de forma transitoria y con excepciones a la normativa laboral.

El Ministerio de Justicia no para y, en medio de un contexto de ajuste y restricciones presupuestarias, ha movido fichas clave con dos designaciones transitorias que no pasan desapercibidas. Estas decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, muestran la urgencia por cubrir puestos estratégicos en áreas de alta sensibilidad.
La Disposición 82/2026 designa, con carácter transitorio y por 180 días hábiles, a la abogada María Soledad SUASNAVAR GROBLI (D.N.I. N° 27.574.652) como Directora en la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Este nombramiento, efectivo desde el 22 de diciembre de 2025, viene con el pago de un Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I y se realiza con carácter de excepción al artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. Es decir, se saltea una parte de la burocracia habitual para asegurar la cobertura. La Dirección Nacional de Protección y Asistencia es crucial para ciudadanos en situación de vulnerabilidad, por lo que su liderazgo es fundamental.
Por otro lado, la Disposición 88/2026 nombra, también de forma transitoria y por 180 días hábiles, a la abogada Natalia BISTOLFI (D.N.I. N° 34.432.518) como Coordinadora de la COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS en la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos de la Oficina Anticorrupción. Esta designación, que rige desde la fecha de la medida, incluye el Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV y también se realiza con excepción al artículo 14 del SINEP. La Oficina Anticorrupción es un organismo vital en la lucha contra la corrupción, y la coordinación de denuncias es la puerta de entrada a posibles investigaciones.
Ambas medidas se amparan en la Ley de Presupuesto 27.798 para 2026 y decretos que permiten a los ministros efectuar designaciones transitorias en cargos vacantes y financiados. Aunque el Decreto N° 934/25 prohíbe nuevas contrataciones, se exceptúan las coberturas de unidades organizativas con Funciones Ejecutivas. La premura en estos nombramientos, incluso con excepciones, subraya la importancia política y operativa de estas áreas en el organigrama del Ministerio de Justicia. En 180 días, estos cargos deberán ser cubiertos de forma definitiva mediante concursos, pero por ahora, la gestión se asegura continuidad con personal de confianza.