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La Unidad de Información Financiera impone sanciones multimillonarias a Merrill Lynch Argentina S.A. y a varios de sus directivos por gravísimos incumplimientos en la prevención de lavado de activos. ¡Un mazazo financiero!
¡Escándalo en el mundo financiero! La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dictado un verdadero mazazo con su Resolución RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ, imponiendo multas históricas a MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA y a varios de sus directivos por fallas catastróficas en la prevención del lavado de activos. ¡La cifra es de infarto!
El expediente, que data de 2017, culmina con sanciones por doble vía:
Multa de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) para MERRILL LYNCH y los directivos Leonardo Andrés FERNÁNDEZ, Adrián Fernando GUIBERNAU, Sebastián Guido LOKETEK, Francis Joseph McGANN, Lucas PÈRÉS y Nuria MARTÍNEZ. Esta suma se desglosa en $100.000 por cada una de las cinco deficiencias detectadas, que incluyen:
¡Multa de PESOS TRECE MIL NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON 98/100 ($13.090.683.803,98)! Esta cifra astronómica se impone a los mismos directivos (excepto Adrián Fernando GUIBERNAU por una parcial falta de legitimación pasiva en este punto) por la falta de reporte de operaciones sospechosas. ¡Una omisión gravísima que podría haber facilitado movimientos de dinero ilícito!
La UIF fue implacable, rechazando todos los planteos de inconstitucionalidad, prescripción y nulidad presentados por los sumariados.
Esta resolución envía una señal contundente a todo el sector financiero: las normas antilavado no son letra muerta. La UIF está dispuesta a aplicar sanciones de magnitud para quienes no cumplan con sus obligaciones de monitoreo y reporte.
"La falta de reporte de operaciones sospechosas por un monto de más de $13.000 millones es una falla sistémica que socava la integridad del sistema financiero", advierten los analistas.
Esto no solo afecta la reputación de la entidad sancionada, sino que también genera un precedente fuerte para otras empresas. La transparencia y el cumplimiento normativo son más críticos que nunca. Los directivos y la propia empresa tienen 10 días para pagar o iniciar la vía judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. ¡La batalla legal promete ser larga!

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