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El Gobierno oficializa una serie de nombramientos transitorios en carteras estratégicas, incluyendo coordinadores de liquidación de haberes y asuntos jurídicos. Algunos de los designados ingresan con "autorización excepcional" por no cumplir todos los requisitos, ¿un atajo en la meritocracia?
El Boletín Oficial nos trae hoy una batería de designaciones transitorias en el corazón del Ministerio de Economía y sus organismos descentralizados, generando más de una ceja levantada. En un movimiento que parece buscar completar estructuras internas, se oficializaron los cargos de Coordinador de Liquidación de Haberes para Guillermo Alberto Español (DNI 30.664.187) en la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (ahora Economía), y de Director de Asuntos Jurídicos para Hugo Alejandro López (DNI 22.587.575) en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). A estos se suma Nicolás Alejandro Saguí (DNI 35.413.954) como Coordinador de Consolidación Presupuestaria Provincial en la Secretaría de Hacienda.
Lo que más llama la atención es que, tanto Español como Saguí, han sido designados con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP. Esta maniobra administrativa permite cubrir puestos clave rápidamente, pero ¿a costa de los estándares de idoneidad? La medida, si bien transitoria por 180 días hábiles, pone de manifiesto la flexibilidad (o laxitud) con la que se están manejando algunos nombramientos en la administración pública.
Estos cargos, aunque suenen a burocracia pura, son fundamentales para el funcionamiento interno del Estado. El Coordinador de Liquidación de Haberes maneja los sueldos de miles de empleados, el Director de Asuntos Jurídicos en INIDEP es vital para la legalidad de la actividad pesquera, y el Coordinador Presupuestario Provincial es clave en la relación fiscal con las provincias. La excepción en los requisitos podría generar cuestionamientos sobre la transparencia y la profesionalización de la gestión pública. La ciudadanía, una vez más, atenta a los detalles.
