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El Ministerio de Economía oficializa designaciones transitorias en organismos vitales para la seguridad aérea y el transporte, en medio de la reorganización estatal.
El Ministerio de Economía, en un movimiento que busca reacomodar las piezas del tablero estatal, oficializó dos designaciones transitorias en organismos clave para el transporte. Por un lado, el abogado Martín Ignacio De Azpiazu (DNI 27.279.009) fue nombrado Director de Administración de la Junta de Seguridad en el Transporte, el organismo que absorbió las funciones de la ex Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Su designación, que cubre períodos desde febrero de 2025 y se extiende por 180 días hábiles a partir de septiembre de 2025, viene con una autorización excepcional ya que no cumple con todos los requisitos mínimos del convenio SINEP, lo que siempre genera debate sobre la idoneidad de los nombramientos. Por otro lado, la técnica superior en recursos humanos María Florencia Cardozo Di Florio (DNI 28.956.361) asume como Jefa del Departamento de Administración de Cargos y Contrataciones en la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Al igual que De Azpiazu, su nombramiento, efectivo desde julio de 2025 y por 180 días hábiles, también es excepcional por no reunir los requisitos. Estas medidas se enmarcan en la reorganización del Estado y la constante necesidad de cubrir cargos en la administración pública. La ley de Presupuesto 2026 establece que las vacantes no pueden cubrirse sin autorización previa del Jefe de Gabinete, y estos casos muestran cómo se gestiona esa flexibilidad. Para el ciudadano común, estos cambios, aunque administrativos, son cruciales para el funcionamiento de entidades que velan por la seguridad en el transporte aéreo y terrestre. La estabilidad y profesionalismo en estos puestos son vitales. Se instruye que los cargos deberán ser cubiertos de forma permanente y con los requisitos establecidos en un plazo de 180 días hábiles, lo que deja entrever que estas designaciones son solo un parche temporal mientras se buscan soluciones definitivas. Los designados, además, deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, un paso clave para la transparencia.
