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Lucia Pilar Alegre se suma al Patronato de Liberados Bonaerense como personal de gabinete, con un sueldo de 680 módulos mensuales retroactivo a septiembre de 2025. ¿Una designación estratégica o más "ñoquis" a la vista?
En una movida que genera suspicacias, el Patronato de Liberados Bonaerense ha designado a Lucia Pilar ALEGRE (DNI N° 42.907.898) como Planta Temporaria - Personal de Gabinete del Presidente. La Resolución N° 51-PALB-2026, con fecha del 11 de marzo de 2026, pero efectiva a partir del ¡26 de septiembre de 2025!, ha encendido las alarmas sobre la gestión de personal en el organismo.
La flamante designación implica que la Sra. Alegre percibirá una cantidad de seiscientos ochenta (680) módulos mensuales como remuneración. Esto se enmarca en el régimen modular aprobado por el Decreto N° 1278/16, que asigna módulos según el nivel jerárquico del funcionario al que se asiste. En este caso, el Presidente del Patronato de Liberados Bonaerense tiene asignada una cantidad de módulos equivalente a la de un Subsecretario, según la Resolución N° 23/17 del ex Ministerio de Economía. La resolución afirma que la postulante “reúne las condiciones de idoneidad necesarias” y que existe “cupo disponible”.
El Patronato de Liberados Bonaerense es un organismo clave en la política de seguridad y reinserción social, encargado de asistir a personas que recuperan su libertad. La designación de personal en este ámbito es de suma importancia, y la transparencia en los procesos es fundamental para garantizar la confianza pública.
La retroactividad de la designación, que implica que la Sra. Alegre cobrará por un período de casi seis meses antes de la publicación de su nombramiento, es un punto que llama la atención. Los ciudadanos comunes se preguntan si estos procesos son la norma y si las designaciones se realizan siempre con la celeridad y la justificación que los tiempos actuales exigen. ¿Por qué la demora en formalizar una designación tan antigua? Este tipo de acciones administrativas pueden generar dudas sobre la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos humanos y económicos del Estado. Es vital que los organismos públicos justifiquen claramente estas decisiones para evitar interpretaciones erróneas y fortalecer la confianza en la administración.
