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Una serie de disposiciones administrativas confirman el poder de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial para autorizar y registrar los polémicos cinemómetros y otros dispositivos de control de tránsito en rutas y caminos provinciales. ¿Se viene una nueva ola de fotomultas?
En una serie de movimientos que no pasaron desapercibidos para los que miran con lupa el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, ha reafirmado su control absoluto sobre el sistema de fiscalización de tránsito. Las Disposiciones N° 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de 2026, aunque de naturaleza administrativa, son un claro mensaje para automovilistas y proveedores de tecnología: el ojo que todo lo ve está más activo que nunca.
Estas resoluciones, que se basan en la Ley N° 13.927 y el Decreto Ley N° 532/09, consolidan la autoridad de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial para autorizar y regular la instalación y el uso de cinemómetros (los famosos radares de velocidad) y otros sistemas, sean automáticos, semiautomáticos o manuales, fijos o móviles, en todas las jurisdicciones provinciales y municipales.
En pocas palabras, el Gobierno bonaerense se asegura de que cada radar, cada cámara de fotomulta que te encuentres en las rutas, caminos y autopistas de la Provincia, esté debidamente registrado y autorizado. Esto busca, según la normativa, unificar criterios y pautas de prevención de siniestralidad vial. Sin embargo, para muchos conductores, esto suena a más control y, potencialmente, más multas.
El Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito, creado en 2010, es el corazón de este sistema. A través de estas disposiciones, se le encomienda al titular de la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa la tarea de entender y sistematizar este registro, así como autorizar la colocación y uso de estos dispositivos.
Esta movida consolida la burocracia detrás de las fotomultas, buscando asegurar la legalidad y la calidad de los equipos. Para las empresas proveedoras de esta tecnología, implica que deben cumplir rigurosamente con los estándares y procesos de autorización para poder operar en la provincia. Para el ciudadano de a pie, es un recordatorio de que la vigilancia vial es una prioridad estatal, y que las chances de ser pescado in fraganti por un exceso de velocidad no disminuyen.
Es crucial estar informado:
Estas medidas reflejan una política de estado que busca reducir los accidentes viales, pero que a menudo genera polémica por la percepción de fines recaudatorios. La transparencia en la ubicación y el funcionamiento de estos dispositivos sigue siendo un reclamo constante de los automovilistas. Si bien la normativa busca "prevenir la siniestralidad vial", la constante ratificación de estos controles a menudo genera el debate público sobre si el objetivo primordial es la seguridad o la recaudación. Para no caer en la trampa, se recomienda seguir los comunicados del Ministerio de Transporte y las redes sociales de organismos de seguridad vial, además de consultar el Boletín Oficial regularmente.
