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El Instituto de Previsión Social bonaerense, bajo la lupa por fallas internas, rectifica expedientes y nombres, mientras reconoce derechos a pensión para quienes fallecieron en el trámite, evidenciando la burocracia que atraviesa a los ciudadanos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires se vio forzado a emitir una Resolución N° 106 para corregir un “error involuntario” en la consignación de un número de expediente y un nombre. La afectada es Sandra Marcela PEDRINI RAÑA, a quien se le había cancelado un cargo deudor por aportes personales no efectuados durante su tiempo como residente y jefa de Farmacia Hospitalaria en el Hospital “San Roque” de Gonnet. Un desliz burocrático que, aunque parezca menor, resalta la importancia de la precisión en los trámites estatales y puede generar dolores de cabeza a los involucrados.
Pero no todo es rectificación. El IPS también se ocupó de reconocer derechos a quienes ya no están. La Resolución N° 251 aborda dos casos conmovedores: el de Jorge Luis CALOIA, cónyuge supérstite de Mirta Olga BARBARA, a quien se le reconoció el derecho a una pensión del 60% que debía liquidarse desde el 2 de noviembre de 2023 hasta su propio fallecimiento el 30 de marzo de 2025. Las sumas resultantes ahora serán de legítimo abono para sus herederos. De manera similar, se reconoció a Liliana Emilia BRANDO, fallecida durante la tramitación, el derecho a una jubilación ordinaria del 75% por sus 35 años de antigüedad en el Ministerio de Salud, a liquidarse desde julio de 2019 hasta su deceso en abril de 2025. Estos casos, aunque resuelven situaciones individuales, ponen de manifiesto la lentitud de los procesos previsionales y el desafío que enfrentan las familias cuando los beneficios se concretan post-fallecimiento del titular. Los interesados tienen 20 días para interponer recurso de revocatoria, un plazo que a menudo se vuelve una carrera contra reloj para los deudos.
