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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires aprueba acuerdos individuales de pasantías con la UNLP, inyectando más de $75 millones para jóvenes talentos. ¿Oportunidad real o precarización disfrazada?
El Boletín Oficial bonaerense ha lanzado una bomba que impacta directamente en el futuro de cientos de estudiantes: la aprobación de los Acuerdos Individuales de Pasantía entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la prestigiosa Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Esta medida, plasmada en la Resolución Nº 798-MJYDHGP-2026, no es un mero trámite, sino la materialización de un convenio ambicioso que busca vincular la academia con la práctica profesional en el ámbito público.
La Resolución confirma la incorporación de alumnos regulares de la UNLP para realizar Pasantías Educativas, siguiendo el marco del “Régimen de Pasantías Educativas” (Decreto N° 287/07). Lo más jugoso para los futuros profesionales es la asignación estímulo no remunerativa mensual, que será equivalente al 80% de lo que percibe un empleado del agrupamiento Administrativo inicial Categoría 5 de la Ley N° 10.430. Esta inyección de capital para los estudiantes es significativa y les permitirá una primera aproximación al mundo laboral con un respaldo económico.
Las pasantías tendrán una duración de DOCE (12) meses, con la posibilidad de prorrogarse por un período igual, lo que ofrece una experiencia prolongada y profunda en la administración pública. Sin embargo, un detalle no menor es que se aclara explícitamente que "no constituyendo la pasantía educativa una relación de empleo público y en consecuencia el tiempo de su educación no será considerado como prestación de servicios en o para la administración pública provincial". Esto abre el debate habitual sobre la naturaleza de estas experiencias: ¿son una verdadera puerta de entrada o una forma de obtener mano de obra a bajo costo sin las responsabilidades laborales plenas?
El Estado bonaerense no escatima en recursos para este programa. El Artículo 2° de la Resolución establece que el gasto para 2026 asciende a una cifra impactante: $75.705.737,20. Además, se prevé un monto diferido de $15.141.147,44 para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2027. Esto demuestra una clara apuesta por la formación y el desarrollo de los estudiantes, aunque también pone en el ojo de la tormenta la gestión de estos fondos públicos.
Para los ciudadanos de a pie, esta resolución significa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contará con un refuerzo de jóvenes talentos, lo que podría traducirse en una mejora o agilización de ciertos procesos. Para los estudiantes, es una oportunidad dorada para aplicar conocimientos, generar contactos y sumar experiencia invaluable en su currículum. Mantenerse informado sobre futuras convocatorias y requisitos será clave para aquellos que busquen sumarse a este programa.
