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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires reconoce una pensión a un cónyuge supérstite que, insólitamente, también falleció durante el trámite. Ahora, la suma adeudada irá a sus herederos, revelando los vericuetos y las demoras del sistema previsional.
¡Atención, ciudadanos! El Boletín Oficial nos trae una historia que parece sacada de un guion de cine, pero es la cruda realidad de la burocracia estatal. La Resolución N° 767 del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) ha generado un revuelo al reconocer un derecho a pensión en circunstancias por demás particulares.
La protagonista de esta saga es Elsa Norma TOLOSA, fallecida el 25 de junio de 2023. Su cónyuge, Augusto Enrique OPPICI, inició el expediente para solicitar su pensión. Sin embargo, el destino tenía otros planes: Augusto también falleció el 26 de enero de 2024, mientras el trámite seguía su curso. ¡Increíble pero real!
La resolución, firmada por Marina Moretti, Presidenta del IPS, reconoce que a Augusto Enrique OPPICI le asistía el derecho a gozar de una pensión equivalente al 53% del sueldo y bonificaciones de los cargos docentes de su esposa. Este beneficio debió ser liquidado desde el 26 de junio de 2023 hasta la fecha de su propio deceso, el 26 de enero de 2024. Ahora, ¿quién cobra? Los herederos de Augusto, quienes deberán acreditar legalmente su condición, recibirán las sumas pendientes bajo la figura de "legítimo abono".
Este caso es un espejo de las demoras y complejidades que a menudo enfrentan los ciudadanos al interactuar con la administración pública. La pensión, un derecho fundamental, se convierte en un laberinto burocrático donde los tiempos de respuesta pueden superar la expectativa de vida de los propios beneficiarios. ¿Cuántos casos similares hay donde la justicia llega, pero el destinatario ya no está para recibirla?
"El artículo 2° de la resolución recuerda a los interesados que tienen un plazo de veinte (20) días para interponer recurso de revocatoria, una herramienta legal para quienes sientan que sus derechos no fueron plenamente contemplados."
Además, la resolución menciona una publicación de edictos para notificar a los derechohabientes sobre otra resolución, la N° 1399, fechada ¡el 21 de enero de 2026! Una fecha futura que añade otra capa de misterio y confusión a un proceso ya de por sí enrevesado. Los expedientes EX 2023-40845217-GDEBA-DPOIPS y EX 2025-29383543-GDEBA-DPTMDEIPS son los números que encapsulan esta odisea administrativa.
Para los ciudadanos, la lección es clara: conocer sus derechos, armarse de paciencia y, si es posible, anticipar los trámites para evitar que la burocracia les gane la carrera contra el tiempo. Los herederos de OPPICI y TOLOSA ahora tienen la tarea de desentrañar este galimatías para acceder a lo que legítimamente les corresponde. ¡Un verdadero desafío!
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