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El Consejo de Niñez y Adolescencia aprueba un gasto millonario para asegurar el servicio de racionamiento de alimentos en instituciones clave donde residen jóvenes en conflicto con la ley. Una medida vital para la dignidad y el bienestar de los más vulnerables.
Una noticia que pone el foco en la asistencia social y el gasto público: el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA) ha dado luz verde, a través de la Resolución N° 279/CDNNYA/26, a la aprobación de un gasto significativo destinado al servicio de racionamiento de alimentos en cocido. Este crucial desembolso tiene como beneficiarios a jóvenes alojados en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado José de San Martín, el Centro de Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti (CAD), y también al personal del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESYV).
La provisión de alimentos es una necesidad básica y un derecho fundamental, especialmente para aquellos que se encuentran bajo la custodia del Estado, como es el caso de los menores en centros de régimen cerrado. Este tipo de resoluciones, aunque administrativas, son vitales para garantizar las condiciones dignas de vida y el cumplimiento de los derechos humanos de los jóvenes. El Centro Socioeducativo José de San Martín y el CAD son instituciones clave en el sistema de justicia juvenil, donde se busca la resocialización y contención de adolescentes en conflicto con la ley. Asegurar una alimentación adecuada no solo impacta en la salud física de los internos, sino también en su bienestar psicológico y en el ambiente general de las instituciones. Además, la inclusión del CESYV subraya la importancia de mantener en condiciones óptimas al personal que trabaja en estos entornos complejos.
"La inversión en la alimentación de quienes están bajo nuestra tutela es una prioridad innegociable para garantizar su desarrollo y dignidad", podría ser la voz oficial detrás de esta decisión. Este gasto, que probablemente ascienda a cifras considerables dada la cantidad de personas y la continuidad del servicio, refleja el compromiso del Estado con la población más vulnerable y con la operatividad de sus instituciones de contención.
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