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En medio de un escenario de austeridad, el Gobierno aprueba bonificaciones por desempeño destacado para el personal del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondientes al lejano 2022. ¿Justicia o privilegio?
Mientras el país aprieta el cinturón, el Boletín Oficial nos trae una noticia que hará ruido: se aprobaron bonificaciones por desempeño destacado para el personal de planta permanente del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¡y corresponden al período 2022! Esto significa que, con un retraso de más de dos años, se están pagando incentivos por tareas realizadas en una gestión anterior.
Las Resoluciones 54, 57 y 58/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior detallan la aprobación de estas bonificaciones para agentes que trabajaron en:
Incluso se menciona con nombre y apellido a Raúl Hugo Maidana (CUIL 20-16943971-1) como uno de los beneficiarios.
Estas bonificaciones se basan en el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP y requieren la conformidad de las entidades sindicales, la cual fue dada en noviembre de 2023. Si bien es un derecho adquirido y un procedimiento administrativo, su publicación ahora, en medio de un discurso de 'motosierra' y ajuste fiscal, genera un fuerte contraste. El gasto se imputará a las partidas presupuestarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, específicamente a la Subsecretaría de Ambiente.
Para el ciudadano de a pie, esta medida puede ser percibida como una contradicción. Por un lado, se pide esfuerzo y sacrificio; por el otro, se otorgan bonificaciones con un considerable retraso, lo que puede alimentar la desconfianza en la administración pública. Si bien el desempeño destacado debe ser reconocido, el timing y la procedencia de los fondos en un contexto de recorte generalizado, abren un debate sobre las prioridades del gasto público.
'Es un derecho del empleado, sí, pero la óptica del ciudadano es que el Estado siempre encuentra plata para lo suyo, mientras ajusta al resto', comentó un analista económico.
Estos pagos, aunque justificados por la normativa, reflejan la inercia del gasto público. Es crucial monitorear cómo se gestionan los recursos y si estas bonificaciones se alinean con la austeridad pregonada.
