Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía lanza una licitación pública internacional para concesionar rutas clave de la Red Vial Nacional, confirmando la venta de Corredores Viales S.A. y abriendo la puerta a la inversión privada en peajes.
El Ministerio de Economía ha desatado una verdadera revolución en la infraestructura vial argentina al autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la "Red Federal de Concesiones - Etapa II". Esta medida, que forma parte del controvertido proceso de privatización total de Corredores Viales S.A. (autorizado por el Decreto 97/2025), busca transferir al sector privado la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en tramos estratégicos de la red vial.
Los tramos que se pondrán en concesión son los denominados Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, que incluyen partes de las Rutas Nacionales Nros. 3, 205, 226, A-005, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Autopista Jorge Newbery y la Autopista Ricchieri. Esto significa que millones de argentinos que transitan estas vías sentirán directamente el impacto de esta redefinición. El objetivo declarado es eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional, un mantra recurrente en la actual gestión.
Para los inversores, se abre una oportunidad de oro, pero para los ciudadanos, surge la incógnita sobre el futuro de los peajes y la calidad del servicio. El proceso licitatorio ya tiene fechas clave: las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 21 de enero de 2026 y la presentación de ofertas hasta el 6 de febrero de 2026, día en que también se realizará la apertura de sobres. La Comisión Evaluadora ad hoc ya está conformada, con figuras como Marcelo Roberto Saenz Urquiza y José Manuel Urdiroz.
Esta movida no solo reconfigura el mapa de la infraestructura vial, sino que también consolida la apuesta del gobierno por la desestatización, buscando que el sector privado asuma roles históricamente desempeñados por el Estado. La Ley 17.520 y sus modificatorias son el marco legal de esta ambiciosa transformación que promete dar que hablar.
