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El Ministerio de Justicia impulsa un *ambicioso plan de retiro voluntario* para el personal de diversos entes cooperadores, buscando *racionalizar recursos* y `transformar el Estado` sin costo presupuestario directo para el Tesoro. ¿Una *movida estratégica* o una *desvinculación masiva* encubierta?
El Ministerio de Justicia, en línea con la "reorganización y reforma del Estado" impulsada por el Gobierno, ha aprobado un Plan de Retiro Voluntario para el personal contratado por diversos entes cooperadores que prestan servicios en su jurisdicción. Así lo establece la Resolución 27/2025, que busca "optimizar los recursos disponibles y de cumplir con las metas propuestas por el Gobierno Nacional".
Este plan está dirigido a empleados bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, vinculados a convenios de cooperación técnica y financiera con entidades como la Cámara de Comercio Automotor (C.C.A.), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.), el Colegio de Escribanos de la Capital Federal (C.E.C.F.), y otros. Cabe recordar que un plan similar con A.C.A.R.A. ya resultó en la adhesión voluntaria de más de DOS MIL (2.000) agentes.
La clave de esta medida es que los gastos y las erogaciones por el cese laboral serán a cargo exclusivo de los fondos emergentes de estos convenios, lo que significa que no generará erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional. Esto se presenta como una forma de lograr una gestión pública "transparente, ágil, eficaz y de calidad" en un contexto de emergencia pública en materia administrativa y económica.
Para los trabajadores afectados, la decisión implica una oportunidad de desvinculación con una gratificación extraordinaria, pero también genera incertidumbre sobre el futuro laboral en el sector público. Para los ciudadanos, esta reestructuración podría implicar cambios en la atención y los servicios que brindan estas dependencias de la Justicia. Es una clara señal de la profundización del ajuste y la búsqueda de una administración más "esbelta", aunque el impacto real en la eficiencia y la calidad de los servicios aún está por verse.
