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El Presidente de la Nación ratifica la polémica 'Restricción de Concurrencia Administrativa' impuesta a Rafael DI ZEO, rechazando su recurso jerárquico y agotando la vía administrativa. El barra brava deberá buscar justicia en los tribunales.
El caso que mantiene en vilo a los aficionados del fútbol y a la opinión pública sumó un nuevo capítulo: el Presidente de la Nación, a través del Decreto 180/2026, ha rechazado el recurso jerárquico interpuesto por Rafael DI ZEO (D.N.I. N° 16.101.267) contra la 'Restricción de Concurrencia Administrativa' que le impide el acceso a eventos deportivos en todo el territorio nacional.
La saga comenzó el 1° de noviembre de 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad le aplicó la restricción por tiempo indeterminado, a raíz de supuestas amenazas vertidas en el portal INFOBAE contra la ex-ministra de Seguridad y el Director de Seguridad en Eventos Deportivos, en el marco del programa "Tribunas Seguras".
DI ZEO, conocido referente de la barra brava de Boca Juniors, argumentó que el audio de las amenazas era falso, generado con inteligencia artificial y editado, y que se le había negado el derecho de defensa, violando su derecho a la libre circulación. Además, cuestionó la facultad del Ministerio para imponer tal restricción sin una resolución judicial.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Nacional, que ya había rechazado el recurso de reconsideración, sostuvo que la medida es de carácter preventivo, dictada en ejercicio del poder de policía en materia de seguridad, con el fin de resguardar la integridad de las personas y preservar los bienes. Alegó que la resolución está fundamentada en “circunstancias y razones objetivas” y que no adolece de arbitrariedad ni ilegalidad.
¿Qué sigue ahora?
Con el dictado de este decreto, se agota la instancia administrativa para DI ZEO, quien ahora tiene expedita la acción judicial. Tendrá Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales para interponer una demanda. Este caso reaviva el debate sobre los límites del poder del Estado para aplicar restricciones de seguridad en eventos masivos y los derechos individuales de los ciudadanos.
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