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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires resuelve sobre el derecho a pensión de un cónyuge supérstite, reconociendo el beneficio por un período específico y declarando de legítimo abono las sumas a sus herederos. Un caso que destaca la continuidad de los derechos previsionales.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha emitido la Resolución N° 1.414, que aborda un particular caso de derecho previsional. La medida reconoce el derecho a la pensión para Antonio MARQUEZ, cónyuge supérstite de Rosa Silvana TRONCOSO, quien fuera Maestra de Grado en la Dirección General de Cultura y Educación.
El expediente se inició por solicitud de pensión de Antonio MARQUEZ, en los términos del Decreto-Ley N° 9650/80. Sin embargo, durante la tramitación del beneficio, se produjo el fallecimiento del solicitante. Ante esta situación, el IPS resolvió reconocer que a Antonio MARQUEZ le asistía el derecho al goce de una pensión equivalente al 64% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de su cónyuge, con 24 años de antigüedad.
El beneficio debía ser liquidado a partir del 21 de septiembre de 2024, día siguiente al fallecimiento de la causante Rosa Silvana TRONCOSO, y hasta el 26 de octubre de 2025, fecha en que falleció el propio Antonio MARQUEZ. La resolución declara de legítimo abono a favor de los herederos que acrediten legalmente su carácter, las sumas resultantes a favor del causante.
Esta resolución es un claro ejemplo de cómo el sistema previsional garantiza la continuidad de los derechos, incluso ante eventos inesperados como el fallecimiento del solicitante durante el proceso. Asegura que los beneficios generados por el trabajo y los aportes de un causante, en este caso una docente, lleguen a quienes legítimamente les corresponde, incluso a través de sus herederos.
Para los ciudadanos, esto subraya la importancia de conocer los derechos y procedimientos previsionales, así como la necesidad de que los herederos estén informados sobre cómo reclamar los beneficios adeudados en situaciones similares. La medida se enmarca dentro de la aplicación rutinaria del marco legal vigente en materia de jubilaciones y pensiones provinciales. Los interesados tienen un plazo de veinte (20) días para interponer recurso de revocatoria contra esta resolución.
