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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) declara desierta una subasta y baja un 10% el precio de un inmueble en CABA. Además, simplifica las normas para regularizar ocupaciones. ¿Oportunidad para inversores o señal de un mercado en crisis?
¡Atención, cazadores de oportunidades! La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) está moviendo fichas en el tablero inmobiliario, y las señales son mixtas. Por un lado, la Resolución 15/2026 revoca una norma anterior (la Resolución N° 251/2022) que regulaba la situación de inmuebles estatales ocupados por terceros con contratos vencidos o cánones irrisorios. ¿El motivo? Simplificar el marco legal ante la implementación del nuevo "Programa de Regularización de Ocupaciones de Inmuebles del Estado Nacional (PROIEN)". Esto busca dar mayor claridad a los ciudadanos y operadores jurídicos, un paso positivo hacia la transparencia administrativa.
Pero la noticia que hace ruido llega con la Resolución 18/2026. La AABE ha declarado desierta la Subasta Pública N° 392-0086-SPU25 para la venta de un inmueble en la calle Francisco Acuña de Figueroa N° 981, en la codiciada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿La razón? ¡Falta de interesados! Ante este traspié, el organismo ha decidido relanzar la subasta (ahora como N° 392-0104-SPU25) con una reducción del 10% sobre el valor venal original. El precio base, que era de USD 449.123, ahora será de USD 425.683,80.
Este movimiento es un claro indicador de que el Estado está dispuesto a flexibilizar sus condiciones para desprenderse de activos. La falta de interesados en la primera subasta podría reflejar un mercado inmobiliario cauteloso o, simplemente, que la tasación inicial era demasiado ambiciosa. La reducción del precio busca incentivar a los compradores y acelerar la enajenación de bienes estatales, una política clave del gobierno actual para generar recursos.
Para el ciudadano, esto puede significar una oportunidad única para adquirir propiedades a precios más competitivos. Para el mercado, es una señal de que el Estado está dispuesto a adaptarse a las realidades económicas para cumplir con sus objetivos de desinversión. Los fondos obtenidos se destinarán al fondo creado por la Ley N° 22.359. La AABE sigue buscando la manera de hacer caja, y si eso implica rebajar precios, parece que no dudarán en hacerlo.
