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El Ministerio de Economía confirmó la preadjudicación de los cuatro gigantes hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a consorcios privados. Una operación que redefine el mapa energético y genera un torbellino de opiniones.
¡Atención, Argentina! El Ministerio de Economía acaba de dar el golpe final en una de las privatizaciones más esperadas y controvertidas de la década. A través de la Resolución 2059/2025, se oficializó la preadjudicación de los complejos hidroeléctricos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a manos de consorcios privados, en una movida que significa la salida del Estado de activos estratégicos y una inyección multimillonaria de dólares.
Este proceso, que se venía gestando bajo el amparo de la Ley 27.742 y los Decretos 695/2024 y 718/2024, puso en marcha la venta del 100% del capital accionario de las sociedades creadas transitoriamente por ENARSA y NASA para la reversión de las concesiones originales de 1993. La licitación, un Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, atrajo a los pesos pesados del sector energético, tanto locales como internacionales.
Los montos son impactantes y hablan por sí solos:
En total, esta operación de más de 700 millones de dólares marca un antes y un después en la matriz energética argentina. Curiosamente, algunas ofertas, como las presentadas por HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A. y sus socios para varios renglones, fueron desestimadas por considerarse "precio vil o no serio", un término que resuena fuerte en el ámbito de las grandes transacciones.
La privatización de estas centrales hidroeléctricas podría tener múltiples efectos. Por un lado, el Gobierno apuesta a la eficiencia y la inversión privada para modernizar la infraestructura y garantizar el suministro. Por otro, críticos y sectores de la oposición alertan sobre la pérdida de soberanía energética y el posible impacto en las tarifas finales para los usuarios, ya que la gestión pasará a manos de empresas con lógicas de mercado más allá del control estatal.
"Esta medida es un paso gigante hacia un modelo energético más competitivo y menos dependiente del Estado, pero su impacto real en los bolsillos de los argentinos aún está por verse", afirmó un analista del sector.
La firma de los Contratos de Concesión y Transferencia está pautada para el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, Río Negro, lo que sellará definitivamente el traspaso de estas joyas de la generación eléctrica nacional. Se espera que la medida genere un intenso debate sobre el rol del Estado en la economía y el futuro de los recursos estratégicos del país. Mantenerse informado es clave, ya que las políticas energéticas suelen impactar directamente en el día a día de todos.
