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La Agencia de Recaudación ajusta los topes para planes de facilidades de pago de concursados y fallidos, ¡y lo indexa por inflación! Una medida clave para agilizar trámites y dar previsibilidad en un contexto económico volátil.
En un movimiento que busca inyectar algo de previsibilidad y agilidad en el complejo mundo de las empresas en crisis, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió la Resolución General 5625/2024. Esta normativa modifica el régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes y responsables concursados y fallidos, una medida que impacta directamente en la capacidad de estas firmas para reestructurar sus deudas y buscar la ansiada homologación de acuerdos o la conclusión de quiebras.
La principal novedad, y la más celebrada por los especialistas, es la actualización de los montos que determinan qué nivel jerárquico de la AFIP debe resolver las solicitudes de adhesión a estos planes. Los umbrales se elevan significativamente:
Pero el verdadero golpe de timón es la introducción de un mecanismo de actualización semestral y automático de estos montos, que se realizará mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Esto significa que, por primera vez, estos valores críticos para las reestructuraciones no quedarán desfasados por la inflación galopante, aportando una dosis de realismo económico a los procedimientos de insolvencia. La primera actualización se hará con el coeficiente del semestre enero/junio de 2025, con aplicación a partir del 1 de septiembre de 2025.
Asimismo, la resolución actualiza el monto a partir del cual los sujetos concursados deben comprometerse a no distribuir dividendos y/o utilidades durante la vigencia del plan de facilidades de pago. Ahora, este compromiso será exigible cuando la propuesta supere los $500.000.000. Esta condición busca salvaguardar el crédito fiscal y asegurar que los recursos de la empresa se destinen prioritariamente a la regularización de sus obligaciones tributarias.
"Esta medida es un paso fundamental para agilizar los trámites en materia de juicios universales y reconocer la realidad económica del país, que exige montos actualizados y criterios flexibles para empresas en momentos delicados."
¿Cómo impacta? Para las empresas en concurso o quiebra, esta actualización es crucial. La indexación por IPC evita que los topes queden obsoletos rápidamente, lo que antes generaba demoras y complejidades administrativas. Ahora, las empresas podrán planificar con mayor certeza y los procesos deberían ser más eficientes, aliviando la burocracia en un momento donde cada día cuenta para su supervivencia.
