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Una agente civil de la Armada Argentina, Judith Costa, ve frustrado su intento de cambiar su categoría salarial. El Gobierno ratifica que su reencasillamiento se hizo conforme a la ley, agotando la vía administrativa.
La agente civil de la planta permanente de la ARMADA ARGENTINA, Judith Elizabeth COSTA (DNI 30.766.360), recibió un duro golpe administrativo. El Presidente de la Nación, a través del Decreto 198/2026, rechazó el recurso jerárquico que había interpuesto contra una resolución del Ministerio de Defensa de 2017. Costa buscaba modificar su reencasillamiento en el Agrupamiento Producción, Nivel VII, Grado 4 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La empleada alegaba haber sido erróneamente categorizada, basándose en sus funciones, formación y antigüedad en la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el análisis del expediente determinó que el reencasillamiento se ajustó estrictamente a los artículos 132 al 139 del mencionado Convenio Colectivo y a la Resolución del Ministerio de Defensa N° 1385/15. Se consideraron su nivel de estudios (Secundario con título de Técnico en Industria en Procesos) y su antigüedad al 31 de octubre de 2016 (diez años, siete meses y veintiún días).
El Decreto subraya que la aplicación de la normativa fue correcta, respetando los principios de jerarquización, capacitación, representatividad y trato igualitario previstos en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
¿Y ahora qué? Con esta decisión, la vía administrativa para Judith Costa queda agotada. Esto significa que, si desea continuar con su reclamo, deberá recurrir a la vía judicial, para lo cual tiene un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales. Este caso es un claro ejemplo de la rigidez y el apego a la normativa en los procedimientos de reencasillamiento en la administración pública, donde cada detalle de la carrera y la formación es escrupulosamente evaluado para determinar la categoría salarial. Para los empleados públicos, resalta la importancia de conocer a fondo los convenios colectivos y los criterios de evaluación.
