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El Gobierno flexibiliza la importación y exportación de residuos no peligrosos valorizados, buscando impulsar la economía circular y abastecer a la industria, pero ¿a qué costo ambiental?
El Decreto 1/2025, firmado por el Presidente Milei y su equipo, marca un cambio drástico en la política de residuos de Argentina. La medida deroga restricciones previas (Decreto N° 392/23 y Resolución Conjunta N° 6/23) que suspendían exportaciones y dificultaban importaciones de residuos no peligrosos valorizados. Según el Gobierno, estas regulaciones anteriores "distorsionaron los precios de mercado" y "desincentivaron la separación en origen, recolección y puesta en valor de residuos", generando un aumento de microbasurales.
Ahora, se establecen nuevos lineamientos para la importación y exportación de estos materiales, siempre y cuando sean para uso como insumo productivo o producto directo, y no para valorización energética o disposición final. El objetivo declarado es "asegurar el aprovechamiento de los residuos no peligrosos", impulsar la economía circular, y facilitar el acceso a materias primas secundarias para la industria nacional, que, según el Sistema de Información para la Economía Circular (SIEC), solo encuentra el 3,97% de su demanda en oferta local. Esto busca mejorar la competitividad de las industrias y fomentar inversiones en infraestructura de reciclaje.
Las empresas importadoras deberán presentar certificados de no peligrosidad o declaraciones juradas. Las Secretarías de Industria y Comercio y de Turismo, Ambiente y Deportes serán las autoridades de aplicación. La medida genera controversia: mientras el Gobierno promete eficiencia y desarrollo, los críticos podrían alertar sobre posibles riesgos ambientales si los controles no son rigurosos, y el impacto en los recuperadores urbanos locales.
