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El Gobierno homologa un polémico acuerdo entre JACK CARS y SMATA que permite suspensiones con pago parcial, saltándose el Procedimiento Preventivo de Crisis. La medida, que busca 'preservar empleos', genera debate sobre la flexibilidad laboral y los derechos de los trabajadores.
Una medida que da que hablar en el mundo laboral argentino. El Ministerio de Capital Humano ha homologado un acuerdo entre la empresa JACK CARS SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) que permite la suspensión de personal bajo el controvertido artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Lo más picante de esta disposición es que se autoriza la suspensión de trabajadores con el pago de una prestación no remunerativa, ¡y sin la necesidad de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC)!
Tradicionalmente, la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 exigen que las empresas inicien este procedimiento formal antes de suspender o despedir personal masivamente. Sin embargo, el Gobierno argumenta que el consentimiento del sindicato en este acuerdo implica un 'reconocimiento tácito a la situación de crisis' de la empresa, haciendo que el PPC sea un 'dispendio de actividad' innecesario. En otras palabras, se agilizan los trámites a costa de la formalidad.
Para los empleados de JACK CARS, la homologación implica que serán suspendidos, pero recibirán un pago. La mala noticia es que esta prestación es no remunerativa, lo que significa que no suma para aportes jubilatorios, obra social ni otros beneficios que sí genera el salario. Si bien se 'preservan' los puestos de trabajo, los ingresos y derechos a futuro de los afectados se ven comprometidos. Es un 'mal menor' para evitar despidos, pero con un costo.
Esta decisión sienta un precedente sobre cómo se pueden manejar las crisis empresariales en Argentina. ¿Estamos ante un nuevo camino para que las empresas, con acuerdo sindical, eviten los pasos formales y burocráticos del PPC? Algunos lo verán como una necesaria flexibilización para la supervivencia de las empresas en tiempos difíciles. Otros, como una peligrosa erosión de las garantías laborales y los controles estatales. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha dado el visto bueno, y ahora la lupa está puesta en cómo impactará esto en futuras negociaciones y en la estabilidad del mercado laboral. Para entender mejor las implicaciones y estar al tanto de posibles nuevas medidas, se recomienda seguir de cerca las comunicaciones del Ministerio de Capital Humano y los principales sindicatos del país.
