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El Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires impone el domicilio electrónico obligatorio para todas las apelaciones a partir del 4 de mayo de 2026, buscando agilizar trámites y notificaciones.
¡Atención contribuyentes y profesionales! La Provincia de Buenos Aires se moderniza a la fuerza, y el Tribunal Fiscal de Apelación no se queda atrás. Mediante la Resolución Conjunta N° 7-TFA-2026, que comienza a detallarse en el mismo Boletín Oficial tras el cierre de la resolución de Letras del Tesoro, y continúa en artículos subsiguientes, se ha dispuesto la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico para todos los recursos de apelación que se interpongan a partir del próximo 4 de mayo de 2026. Esto no es un detalle menor: implica un cambio drástico en la forma en que los ciudadanos y las empresas se relacionan con la justicia fiscal.
La medida, fundamentada en el artículo 120 bis del Código Fiscal (según Ley N° 15.558) y la Ley N° 15.230, busca agilizar los trámites procesales y las notificaciones, dejando atrás las demoras y complejidades del sistema tradicional. La plataforma GDEBA y la aplicación "Domicilio Digital" serán las herramientas clave para esta transformación. Aquellos que no cumplan con la constitución del domicilio electrónico serán intimados una única vez, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Tribunal, lo que podría generar inconvenientes y falta de información para los involucrados.
Además, se establece una regla clara para las notificaciones: se considerarán perfeccionadas el martes o viernes inmediato posterior a su disponibilidad en el domicilio electrónico. Esto es crucial para el cálculo de plazos procesales y exige a los recurrentes una responsabilidad exclusiva de acceder periódicamente al portal para no perderse ninguna novedad.
Para las actuaciones ya en trámite, la constitución del domicilio electrónico es voluntaria, pero una vez realizada, reemplazará al domicilio físico. Esta digitalización promete mayor eficiencia, pero también plantea el desafío de la brecha digital y la necesidad de capacitación para garantizar que ningún contribuyente quede excluido o perjudicado por la falta de acceso o conocimiento de las nuevas herramientas. Un paso audaz hacia un estado más moderno, pero con riesgos de exclusión si no se acompaña de una fuerte política de inclusión digital.
