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La Secretaría de Industria y Comercio lanza un nuevo "Protocolo de Vigilancia de Mercado" que promete fiscalizar con mano dura la calidad, seguridad y exactitud de todo lo que se vende en el país. ¡Ojo con las empresas que no cumplan!
En un movimiento que sacudirá los cimientos del comercio y la industria, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, bajo la dirección de Pablo Agustín Lavigne, ha aprobado la Resolución 56/2026, que establece un flamante "Protocolo de Vigilancia de Mercado". Esta normativa, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, es un golpe de timón en la forma en que el Estado controlará la calidad y seguridad de los productos y la precisión de los instrumentos de medición en todo el territorio nacional.
El protocolo busca proteger a los consumidores y usuarios garantizando la lealtad comercial y asegurando que los productos cumplan con los requisitos de calidad y seguridad, y que las mediciones sean exactas. Adiós a las viejas prácticas: se derogan artículos clave de la Resolución N° 100 de 1983 y se modernizan los procedimientos.
Ahora, la Secretaría de Industria y Comercio podrá realizar acciones de control exhaustivas que incluyen:
Lo más impactante para las empresas es la cláusula de costos: si los ensayos de laboratorio determinan que un producto no cumple con la normativa, la empresa deberá reintegrar la totalidad de los gastos incurridos por la Secretaría, además de enfrentar las sanciones. Si el producto cumple, los costos los asume el Estado. Esto es un claro incentivo para que las empresas se aseguren de la conformidad de sus productos antes de llegar al mercado.
"Esta medida es un antes y un después. El Estado se pone firme para defender al consumidor y exige a las empresas una responsabilidad mayor sobre lo que ofrecen", afirmó un vocero.
Para el ciudadano común, esto significa una mayor tranquilidad al momento de comprar. La promesa es que los productos en las góndolas y los servicios que dependen de mediciones (como el combustible o el peso en balanzas) serán más confiables y seguros. La resolución también faculta a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para aplicar sanciones, lo que augura un período de mayor rigurosidad en el cumplimiento de las normas.
