Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Con un decreto explosivo, el Presidente reordena el organigrama del Ministerio de Economía, absorbiendo áreas de Integración Socio-Urbana y eliminando secretarías enteras. ¿Un paso más en la "motosierra" o una búsqueda de eficiencia?
El Decreto N° 70/2025 acaba de sacudir las estructuras de la Administración Pública Nacional, con el Ministerio de Economía como epicentro de una profunda reorganización. El Presidente, en un movimiento que busca centralizar y redefinir funciones, modificó el Organigrama de Aplicación y los objetivos de varias dependencias clave.
La medida más resonante es la sustitución y absorción de la antigua Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Sus funciones y parte de su personal ahora migran hacia la Secretaría de Obras Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de una reconfigurada Subsecretaría de Integración Socio-Urbana. Esto implica que las políticas de hábitat, vivienda y desarrollo territorial, que antes tenían un rango ministerial, ahora se gestionarán directamente desde la cartera económica.
El decreto detalla los nuevos objetivos de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora deberá asistir al Ministro en todo lo inherente a la integración socio-urbana, el diseño de estrategias y programas, y la gestión de proyectos de conservación, construcción y reciclaje de infraestructura. Además, se suprime la Decisión Administrativa Nº 996/20 que aprobaba la estructura del ex-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Esta reestructuración es un mensaje claro de la administración: centralización y eficiencia en la gestión de recursos. La movida podría generar incertidumbre en el personal afectado, pero el Gobierno instruye al Ministerio de Economía a arbitrar las medidas necesarias para cumplir con la Resolución N° 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que se enfoca en la reasignación del personal.
La pregunta que flota en el aire es si esta concentración de poder y funciones en Economía resultará en una gestión más ágil y efectiva, o si generará una burocracia aún más densa para áreas tan sensibles como el acceso a la vivienda y la integración urbana. El impacto en la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables que dependen de estas políticas, será crucial.
