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El Ejecutivo reestructura drásticamente los procedimientos antidumping y salvaguardias, concentrando poder en la Comisión Nacional de Comercio Exterior para "agilizar y transparentar" el sistema. ¿Se abre la puerta a una nueva era de protección industrial o a mayor liberalización?
Un cambio sísmico se avecina en el comercio exterior argentino. El Decreto 33/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reforma de cabo a rabo la normativa sobre antidumping, subvenciones y salvaguardias, derogando decretos clave de 1996, 2006 y 2008. La medida busca "simplificar los procedimientos y promover la eficiencia en las investigaciones, agilizar la interacción entre el ESTADO NACIONAL y los administrados y optimizar la capacidad técnica de los organismos estatales intervinientes".
El gran protagonista de esta reforma es la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que ahora tendrá la "exclusiva competencia" para la instrucción de procedimientos, la determinación de dumping o subvenciones, el daño a la producción nacional y la relación de causalidad. El Ministerio de Economía será quien dicte las resoluciones finales, pero la CNCE se convierte en el cerebro técnico y operativo de estas investigaciones. Esto significa una centralización de poder y experticia en un solo organismo, lo que, según el Gobierno, debería traer más agilidad y transparencia.
Un punto que encenderá el debate es la nueva redacción del Artículo 128 del Decreto Nº 766/94, que ahora establece que la CNCE deberá "orientarse con el criterio de contrarrestar el daño y deberá evitar la utilización de la normativa con fines proteccionistas". Además, "en ningún caso, los derechos propuestos podrán ser más elevados que el margen de dumping o la tasa de subsidio estimados". Esta cláusula es un claro mensaje pro-mercado, limitando la discrecionalidad en la imposición de barreras comerciales y buscando que las medidas sean estrictamente correctivas, no proteccionistas.
Para los empresarios, esto implica un marco más predecible pero también potencialmente más estricto para solicitar medidas de defensa comercial. Las investigaciones se acortan: 8 meses para dumping y subvenciones, y 9 meses para salvaguardias (con posibles extensiones). Los exportadores tendrán un plazo de 30 días para responder cuestionarios, y las medidas definitivas no podrán durar más de 3 años para antidumping/compensatorias y 2 años para salvaguardias (prorrogables a 4). La promesa es mayor agilidad, pero el desafío será mantener la rigurosidad técnica y la defensa efectiva de la producción nacional sin caer en el proteccionismo que el decreto busca evitar.
"El informe de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR tendrá el carácter de recomendación al MINISTRO DE ECONOMÍA, con el fin de evaluar la conveniencia de la aplicación de derechos antidumping y compensatorios y medidas de salvaguardia."
Este decreto es un golpe de timón en la política comercial argentina, con implicaciones directas para la industria local, los importadores y la relación del país con sus socios comerciales. La eficiencia y la transparencia serán claves, pero la interpretación de la "no utilización con fines proteccionistas" será el foco de atención para ver el verdadero impacto en la economía.
