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Cuatro decretos presidenciales sacuden los cimientos de las principales fuerzas federales, prometiendo eficiencia, modernización y un control más férreo bajo la polémica 'Ley de Bases'. ¿Un paso hacia la seguridad total o un avance sobre libertades?
El Gobierno Nacional ha desatado una verdadera tormenta de reformas en el corazón de la seguridad federal, utilizando las facultades delegadas por la controvertida Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742. Con cuatro decretos consecutivos (454, 455, 456 y 457/2025), se rediseña la estructura y el funcionamiento de la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA). El objetivo: modernizar, racionalizar y eficientizar la lucha contra el crimen organizado y las nuevas amenazas, al tiempo que se busca reducir el gasto público y transparentar la gestión.
El Decreto 454/2025 aprueba un nuevo Estatuto para la Gendarmería Nacional Argentina, derogando la antigua Ley N° 19.349. La medida busca adaptar a la fuerza a los nuevos desafíos geopolíticos, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Se promete una racionalización de funciones, jerarquización de la carrera profesional y modernización de la estructura, con un fuerte énfasis en el control interno y la transparencia. Es un intento por hacer de Gendarmería una fuerza más ágil y eficiente, acorde a los estándares modernos.
Con el Decreto 455/2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibe un nuevo Estatuto, derogando la Ley N° 17.236 de 1967. Se busca modernizar la institución, fortalecer la seguridad penitenciaria, mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar el respeto de los derechos de los internos. Un punto altamente impactante es la instrucción al Ministerio de Seguridad Nacional para desafectar los inmuebles penitenciarios situados en zonas urbanas y gestionar su reubicación. Esto abre la puerta a un profundo cambio en el paisaje urbano de varias ciudades, con posibles implicaciones inmobiliarias y sociales. Además, se jerarquizan áreas como Seguridad, Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y Personal, Formación y Bienestar, buscando una gestión más profesional y tecnológica.
El Decreto 456/2025 modifica la Ley N° 26.102 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), expandiendo sus misiones a la protección de la Seguridad del Estado y la seguridad en el transporte, no solo aeroportuario. Se clarifican facultades para investigaciones criminales y, crucialmente, para la prevención del delito en espacios públicos digitales como redes sociales abiertas y sitios web. Esta última medida, aunque justificada por la lucha contra el crimen organizado, plantea serias interrogantes sobre la privacidad y las libertades individuales. Además, los explotadores de aeropuertos deberán proveer espacios físicos gratuitos a la PSA, y la fuerza podrá cobrar aranceles por servicios adicionales, lo que podría generar fricciones en el sector. Se institucionaliza el cargo de Subdirector Nacional y se crea el Agrupamiento Técnico-Profesional, buscando mayor especialización.
Finalmente, el Decreto 457/2025 modifica la Ley N° 18.398 de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La reforma actualiza su misión, clarificando su dependencia directa del Ministerio de Seguridad Nacional y eliminando referencias obsoletas a su vínculo con la Armada. Se enfatiza su rol en la prevención de la contaminación proveniente de buques, seguridad marítima y protección contra el crimen organizado. Se le otorga mayor jerarquía normativa al 'SISTEMA GUARDACOSTAS', una herramienta clave para el monitoreo de los espacios marítimos. También se simplifican normativas, se eliminan funciones en desuso (como el 'privilegio de paquete postal' o juzgar faltas policiales) y se modernizan los regímenes de personal, incluyendo la posibilidad de 'disponibilidad' para el personal subalterno. La PNA también podrá participar en Misiones Internacionales a requerimiento del Poder Ejecutivo.
Estos decretos representan un cambio estructural profundo en las fuerzas de seguridad federales. El Gobierno busca una administración más ágil, eficiente y con menos burocracia, reorientando los recursos hacia la lucha contra la criminalidad compleja y la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, la ampliación de facultades en áreas como la vigilancia digital y la reorganización de instituciones tan sensibles como el Servicio Penitenciario, generarán debate sobre el equilibrio entre la seguridad del Estado y la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.
28 de enero de 2026
22 de enero de 2026
27 de enero de 2026
