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Un DNU redefine por completo el Sistema de Inteligencia, creando nuevas agencias de ciberseguridad, contrainteligencia y unificando el control. ¿Más eficacia o mayor control del Estado?
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 es una verdadera "Ley Ómnibus" para el mundo del espionaje y la seguridad nacional. El Gobierno ha decidido reorganizar integralmente y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), con cambios que van desde la denominación de los organismos hasta la creación de nuevas estructuras.
La SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) se consolida como el órgano superior. Se crea el CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (CNC), un nuevo organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que será la autoridad nacional en ciberseguridad. ¿El objetivo? Separar la ciberseguridad "defensiva" de la ciberinteligencia "ofensiva". La ex-Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) se convierte en AGENCIA FEDERAL DE CIBERINTELIGENCIA (AFC), enfocada en amenazas en el ciberespacio.
Además, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) muta a AGENCIA NACIONAL DE CONTRAINTELIGENCIA (ANC), con un foco preventivo contra espionaje y sabotaje. La División de Asuntos Internos (DAI) ahora es la INSPECTORÍA GENERAL DE INTELIGENCIA (IGI), con más facultades de auditoría y control.
Un punto clave es la creación de la COMUNIDAD DE INTELIGENCIA NACIONAL (CITN) y la COMUNIDAD INFORMATIVA NACIONAL (CIFN). Estas estructuras buscan una mayor cohesión y centralización en el intercambio de información entre todos los organismos del Estado, desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIF. El DNU argumenta que la "falta de coordinación" actual genera "vacíos críticos" y "riesgos" para la seguridad estratégica.
"Se han capitalizado como lecciones aprendidas tanto la experiencia derivada de haber sido objeto de DOS (2) importantes atentados terroristas en el territorio nacional como la evolución del accionar del terrorismo internacional...", justifica el decreto.
Este mega-cambio implica una recentralización del poder de inteligencia bajo la SIDE y una mayor capacidad del Estado para monitorear y actuar en el ciberespacio. Para el ciudadano, esto podría significar una mayor protección ante amenazas externas y ciberataques, pero también plantea interrogantes sobre los límites de la injerencia estatal y la protección de la privacidad en un sistema de inteligencia más unificado y potente. La disolución de la y la transferencia de sus activos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas también es un movimiento significativo en la cadena de mando.
