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El Gobierno aprueba una nueva y profunda reestructuración del Ministerio de Salud, redefiniendo roles y objetivos. ¿Es la eficiencia o el ajuste la meta final?
El Ministerio de Salud de la Nación acaba de sufrir una reestructuración profunda y de alto impacto, con la aprobación de su nuevo organigrama de primer y segundo nivel operativo. Este decreto, firmado por el Presidente, no es un mero cambio de nombres; implica una reorganización total que busca alinear la cartera sanitaria a las nuevas directrices del gobierno.
Lo más notorio de esta movida es la transferencia de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) desde la Jefatura de Gabinete de Ministros al ámbito del Ministerio de Salud. Esta decisión centraliza las políticas de drogas bajo una única órbita sanitaria, lo que podría implicar un cambio de enfoque en la estrategia nacional. Además, la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria y su dependiente Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que antes estaban en Capital Humano, ahora también pasan a Salud.
La medida promete una mayor coordinación en áreas sensibles como la lucha contra las adicciones y la asistencia a poblaciones vulnerables, pero también genera interrogantes sobre la continuidad de programas y el destino del personal. La derogación de artículos de decisiones administrativas anteriores y la incorporación, homologación y reasignación de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP, demuestran la magnitud de la reorganización.
El decreto enfatiza que no hay incremento en la cantidad de unidades organizativas ni partidas presupuestarias, lo que sugiere un enfoque en la reingeniería interna y la optimización de recursos existentes. Sin embargo, la facultad otorgada al Titular del Ministerio de Salud para modificar la estructura sin incrementar unidades organizativas, previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, abre la puerta a futuras adaptaciones. Esto podría ser visto como una búsqueda de mayor flexibilidad y eficiencia, o como una señal de inestabilidad en la gestión. La ciudadanía debe estar atenta a cómo estos cambios se traducirán en la calidad y el alcance de los servicios de salud pública.
