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El Ministerio de Salud deroga normas previas y aprueba nuevos estándares para habilitar centros de salud mental y adicciones. ¿Flexibilización necesaria o riesgo para la calidad de atención?
El Ministerio de Salud ha desatado una verdadera tempestad en el ámbito de la salud mental y los consumos problemáticos con la Resolución 441/2026. Esta medida deroga la Resolución N° 6155/2024 y, en su lugar, aprueba flamantes “Normas Mínimas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Consumos Problemáticos”. El objetivo declarado: simplificar los requisitos para obtener habilitaciones, sin menoscabo de la salud pública y en línea con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
La Ley de Salud Mental establece un marco de derechos y promueve el abordaje comunitario, interdisciplinario e intersectorial. Sin embargo, la burocracia para habilitar centros ha sido históricamente un cuello de botella. Esta nueva resolución busca agilizar ese proceso, facilitando la creación de dispositivos como consultas ambulatorias, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación socio-laboral, que son cruciales para el modelo de atención basado en la comunidad.
El Ministerio de Salud argumenta que esta simplificación es necesaria para responder a la creciente demanda de atención y promover una oferta de servicios más acorde a los estándares actuales. Se busca proteger los derechos constitucionales (artículos 14, 17 y 19) y alinearse con los principios de procedimiento administrativo de la Ley N° 27.742 de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos. En esencia, menos trabas para abrir centros, pero manteniendo el enfoque de calidad y derechos.
La noticia es una moneda de dos caras. Por un lado, la posibilidad de que más establecimientos puedan habilitarse con mayor agilidad podría significar un alivio para miles de personas que hoy no encuentran dónde atenderse. La expansión de la oferta de servicios, especialmente aquellos con un enfoque comunitario, es una necesidad urgente en todo el país.
Pero, por otro lado, la palabra “simplificar” en un ámbito tan delicado como la salud mental enciende alarmas. Los críticos podrían preguntarse si esta flexibilización no abrirá la puerta a establecimientos con estándares de calidad más bajos o si la supervisión será lo suficientemente rigurosa. El desafío para el Ministerio de Salud será garantizar que, al simplificar, no se comprometa la calidad de la atención ni la protección de los derechos de los pacientes, una preocupación central para las familias y los profesionales del sector. La Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, junto con la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, serán las encargadas de dictar las reglamentaciones complementarias, y en ellas estará la clave de cómo se implementará esta revolución.
