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El Ministerio de Justicia lanza un explosivo nuevo régimen de mediación prejudicial obligatoria para controversias en materia de salud, el 'PROMESA', prometiendo agilizar causas y aliviar la Justicia, pero ¿será una trampa burocrática o una solución real para los ciudadanos?
El Ministerio de Justicia, bajo la firma de Patricia Bullrich, ha dado un paso gigante con la Resolución 1062/2025, que implementa el 'PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD' (PROMESA). Esta medida, que entra en vigencia inmediatamente tras su publicación el 2 de septiembre de 2025, busca cambiar radicalmente la forma en que se resuelven los conflictos de salud que involucran a obras sociales, prepagas y entidades de la salud.
Ahora, antes de ir a juicio por temas de salud contra entidades como las de las Leyes Nros. 23.660, 23.661 o 26.682, será OBLIGATORIO pasar por una mediación. Esto significa que miles de ciudadanos que hoy enfrentan largos procesos judiciales por tratamientos, coberturas o medicamentos, deberán intentar un acuerdo previo. La jurisdicción será federal y se aplicará en la provincia del requirente, buscando descentralizar y agilizar.
Se crea un nuevo apartado en el Registro Nacional de Mediación para "mediadores en materia de salud" (REGMESA), quienes deberán cumplir requisitos específicos y pagar una matrícula anual. Lo más polémico es la nueva estructura de honorarios: si hay acuerdo, el mediador percibirá hasta CINCO (5) veces el importe base, un incentivo claro para cerrar casos. Si no hay acuerdo, el Fondo de Financiamiento se hará cargo, pero el reclamante o el requerido (si es condenado en costas) deberá reintegrarlo.
La resolución también apunta a la modernización, permitiendo la inscripción de mediadores a través de la plataforma "Trámites a Distancia (TAD)", un avance para simplificar la gestión. Además, se derogan anexos obsoletos y se busca eliminar "requisitos, costos y formalidades innecesarias".
Para el ciudadano común, esta medida podría significar una vía más rápida y menos costosa para resolver disputas de salud, evitando los laberintos judiciales. Sin embargo, también plantea el desafío de que el sistema funcione eficazmente y que los mediadores estén realmente capacitados para abordar la complejidad de los casos de salud. ¿Será el PROMESA la panacea o una nueva capa burocracia para dilatar los reclamos?
"La especificidad de las controversias en materia de salud así como el nivel de capacitación que deben poseer los mediadores para una intervención efectiva en cada caso, especialmente orientada a arribar a un acuerdo entre las partes, tornan meritorio fijar en CINCO (5) veces el importe establecido en el ítem I de la escala aprobada por el artículo 2° del Anexo III del Decreto N° 1467/2011 y su modificatorio." - Ministerio de Justicia
Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones, es crucial seguir los canales oficiales del Ministerio de Justicia y los avisos en el Boletín Oficial, ya que la implementación de este protocolo es compleja y podría tener ajustes.
