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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sacude el sistema con nuevos protocolos para la salud mental y la valoración de incapacidades, mientras CABA se lanza a autoasegurar a sus empleados. ¿Se acaba la burocracia para los trabajadores?
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha desatado una verdadera revolución en la forma de abordar los riesgos laborales en Argentina, con tres resoluciones que prometen cambiar el panorama para trabajadores, ARTs y empleadores.
La Resolución 8/2026 aprueba el nuevo “PROTOCOLO DE PRESTACIONES EN SALUD MENTAL”, de cumplimiento obligatorio para Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.). Este protocolo, que deroga el anterior de 2013, incorpora una mirada biopsicosocial para la valoración de la sintomatología psíquica, la funcionalidad y la respuesta subjetiva del trabajador. ¡Adiós a la visión reduccionista, hola a un enfoque más humano y basado en evidencia! Esto busca garantizar prestaciones integrales, coordinadas y oportunas, promoviendo la recuperación y previniendo secuelas.
La Resolución 9/2026 le da luz verde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT N° 34-99903208-9) para autoasegurar los riesgos de trabajo de sus empleados públicos. Una medida que le otorga mayor autonomía y control sobre la gestión de la prevención y las prestaciones, prometiendo una gestión más expedita y eficiente.
Finalmente, la Resolución 7/2026 aprueba un nuevo “PROTOCOLO DE ESTUDIOS MÍNIMOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD”. Este protocolo, que deroga dos resoluciones anteriores, obliga a las ARTs y E.A. a realizar los estudios complementarios de diagnóstico médico antes o durante el alta médica o fin de tratamiento. El objetivo es claro: evitar dilaciones innecesarias en la determinación de incapacidades y agilizar los trámites para los trabajadores.
Estas medidas buscan modernizar el sistema de riesgos del trabajo, alineándolo con avances científicos y normativas internacionales. Para los trabajadores, implica una mejor atención en salud mental y procesos más ágiles para la determinación de incapacidades. Para las ARTs y empleadores, representa la necesidad de ajustar sus procedimientos y garantizar el cumplimiento de los nuevos estándares. Es un paso importante hacia una mayor protección laboral.
