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El Gobierno *reorganiza profundamente* el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Ministerio de Economía, absorbiendo funciones clave del ex Instituto de Prevención Sísmica y modificando objetivos esenciales de Obras Públicas.
El Decreto 114/2026, firmado por el Presidente, marca un antes y un después en la estructura de organismos clave del Estado. La medida central es la transferencia de las funciones del ex INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA (IMPRES) al SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), que ahora operará como organismo descentralizado bajo la órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Esta consolidación busca una mayor eficiencia y coordinación en temas geológicos y sísmicos.
El decreto no solo reasigna funciones, sino que también aprueba la nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del SEGEMAR. Además, el cargo de Presidente del SEGEMAR ha sido elevado a rango y jerarquía de Subsecretario, lo que le otorga mayor peso político y capacidad de decisión dentro de la Administración Pública Nacional. Esta jerarquización es un claro mensaje sobre la importancia que el Gobierno le asigna a este organismo en la nueva configuración estatal.
Pero el impacto del decreto no se limita al SEGEMAR. También se modifican los objetivos de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dentro del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Los nuevos objetivos enfatizan la intervención en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras públicas vinculadas con infraestructuras viales, hídricas y de saneamiento, así como la participación en el marco regulatorio y proyectos de programas de inversión. Esto sugiere un enfoque más centralizado y coordinado en la planificación y ejecución de la obra pública a nivel nacional, regional y local.
La medida incluye la derogación de cargos del ex-IMPRES en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas y la homologación de nuevos cargos en SEGEMAR. Si bien se presenta como una adecuación organizativa, la centralización de funciones y la redefinición de objetivos en áreas tan sensibles como la prevención sísmica y la obra pública podrían generar cambios significativos en la gestión y prioridades de inversión del Estado.
