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El INTA registra nuevas variedades de soja, triticale, agropiro y cebolla, prometiendo avances clave para el campo argentino y la soberanía alimentaria.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) ha oficializado la inscripción de cuatro nuevas creaciones fitogenéticas desarrolladas por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA). Este paquete de innovaciones genéticas incluye una soja genéticamente modificada (INTA MJ 3L RG), dos variedades de triticale (DARDO INTA y JUSTO INTA), una de agropiro alargado (INDIO INTA) y una de cebolla (TONADA INTA). Estas inscripciones no son un mero trámite administrativo; representan años de investigación y desarrollo por parte del INTA, un organismo público fundamental para la innovación agrícola argentina. Al registrar estas variedades en el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, el INTA asegura la propiedad intelectual sobre estas creaciones, lo que es vital para su comercialización y el retorno de la inversión en ciencia.
"Ordénase la inscripción... de la creación fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación INTA MJ 3L RG..." Para el sector agropecuario, la disponibilidad de nuevas variedades significa mayor resistencia a plagas y enfermedades, mejor adaptación a distintas condiciones climáticas y, en última instancia, un aumento en la productividad y rentabilidad. La soja GM, en particular, tiene un impacto significativo en la cadena de valor. El triticale y el agropiro, cereales forrajeros y de pastoreo, son cruciales para la ganadería. Y la cebolla "TONADA INTA" promete mejoras para los productores hortícolas. Estas innovaciones refuerzan la posición de Argentina como potencia agroalimentaria y demuestran el valor de la inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo productivo.
Para el ciudadano común: Las nuevas variedades de semillas significan que los alimentos que llegan a tu mesa pueden ser producidos de manera más eficiente y sostenible. Esto puede traducirse en mayor oferta y, potencialmente, precios más estables. Además, es un ejemplo del valor de la investigación pública para el progreso del país y la seguridad alimentaria.
