Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa a cargo del Corredor Vial N° 18, fue multada con sumas exorbitantes por el pésimo estado de las rutas. ¿Peligro en el asfalto y un golpe al bolsillo de la concesionaria?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha vuelto a la carga con una serie de resoluciones que sacuden a la concesionaria CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., responsable del Corredor Vial N° 18. La entidad estatal aplicó multas que suman más de 1.9 millones de Unidades de Penalización por el alarmante deterioro de varios tramos de la Ruta Nacional N° 14 y la Ruta Nacional N° 135.
Las actas de constatación, fechadas en diciembre de 2021 y 2022, revelaron que el "Índice de Estado Característico (IE)" de la calzada estaba muy por debajo del mínimo exigido por contrato (7,5). Esto significa que los conductores transitan por vías con baches, desprendimientos y ahuellamientos que no solo comprometen el confort, sino que representan un riesgo latente para la seguridad vial.
La concesionaria intentó defenderse argumentando la falta de ajuste tarifario y el incumplimiento estatal en la renegociación. Sin embargo, la DNV fue tajante: rechazó todos los argumentos. Afirmó que se realizaron múltiples incrementos tarifarios y que CRUSA ya recibió fondos a través del "Recurso de Afectación a Obras (RAO)" desde 2014. Además, la empresa inició una acción de amparo judicial en 2022, dificultando las negociaciones.
"Las defensas de la concesionaria no prosperaron. La calidad de la ruta es una obligación contractual ineludible."
Las multas se basan en el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato, que establece 8.000 Unidades de Penalización por tramo y 2.000 por semana de retraso en corregir las anomalías. Esta situación subraya la tensión entre el Estado y las concesionarias viales por el mantenimiento de la infraestructura. Los usuarios son los principales afectados, enfrentando riesgos y un servicio deficiente a pesar de pagar peajes. La ciudadanía debe exigir transparencia y cumplimiento en estos contratos vitales para su seguridad.
